Alejandra WaigandtArtemisa Noticias Conocedora de los sistemas penitenciarios del mundo, la española Elisabet Almeda Samaranch se encuentra en Argentina visibilizando la dura exclusión que afrontan las mujeres en las cáceles. Esta situación es aún más grave para las migrantes latinoamericanas que son apresadas por delitos vinculados al tráfico y consumo de drogas.'La vida en las cárceles es más difícil para las mujeres que para los varones', afirma la investigadora Elisabet Almeda Samaranch, ya que en general las mujeres privadas de libertad afrontan peores condiciones. Cuando vulneran la legislación penal, reciben castigos más severos. También son más discriminadas y maltratadas y se encuentran alojadas en unidades penales con mayores restricciones y peor ubicadas.'Diría que esta situación es similar en casi todos los países del mundo. No he hecho estudios profundos en Argentina, como sí los he realizado en Europa, pero he visitado algunas cárceles de varones y mujeres y puedo afirmar que también en este país las mujeres afrontan peores condiciones', dijo Almeda Samaranch a Artemisa Noticias, desde la Universidad Nacional del Comahue en Río Negro, donde dicta un seminario con perspectiva de género sobre sistemas penitenciarios.Antes de viajar a la Patagonia, la experta de origen español ofreció una charla en Buenos Aires sobre la situación de las mujeres presas en Cataluña y el resto de España, convocada por la Defensoría del Pueblo de la capital porteña. En el país ibérico la mayoría de las mujeres son encarceladas por tráfico y contrabando de drogas. Aunque también son privadas de libertad por ‘quebrantar el orden socioecnómico’, principalmente robos y hurtos debido al uso indebido de drogas. Estas faltas constituyen casi el 80 por ciento de las causas por las cuales las españolas terminan en las cárceles. El índice se replica en todo el continente europeo, de acuerdo a los datos ofrecidos por la investigadora de la Universidad de Barcelona.
Cuando hablamos de cáceles de mujeres hay que hablar de drogas y políticas que aborden este tema. Sé que en Argentina se está trabajando en ese sentido y las propuestas están en sintonía con algunos países europeos, que en vez de políticas abstencionistas, impulsan políticas de reducción de daños causados por las drogas. En España existe un programa de distribución de jeringas, que acepta que en las cárceles hay consumo de drogas como la heroína, y promueve la higiene y aquellas garantías que el servicio médico pueda brindar', detalla Almeda Samaranch, aclarando que los tratamientos de reducción de daños son fundamentales para las mujeres privadas de libertad, debido a que están muy solas y deterioradas. 'Estas mujeres han sido excluidas previamente de la sociedad y si no reciben tratamientos de rehabilitación, vuelven a ser excluidas dentro de las cárceles', afirma.
En ese marco, son esenciales las políticas de prevención para personas sin recursos con problemas de drogadicción. 'No tienen acceso a instituciones de rehabilitación y delinquen para consumir drogas, llenando las cáceles en todo el mundo. Son enfermos, por eso las cáceles no solucionan nada. En Argentina hay algunas alternativas, por ejemplo la probation (suspensión del juicio a prueba), y en ese sentido está más avanzada que algunos países de Europa', asegura la española.
La migración y las drogas
En el tráfico ilícito de drogas hay involucradas mujeres inmigrantes de América Latina y el Caribe, Europa del Este y el Magreb, confirma Almeda Samaranch respecto de la población femenina en las cárceles españolas. Un 62 por ciento son mujeres latinoamericanas, la mayoría procedentes de Colombia, Brasil y Bolivia. En cambio es mínimo el porcentaje de argentinas presas por tráfico o consumo de drogas. Hubo un caso que tomó estado público en 2006, cuando la modelo argentina María Belén Téllez fue detenida en España por narcotráfico y tras 18 meses de prisión fue absuelta por falta de pruebas.
-¿En qué tipo de delitos sobre drogas se encuentran involucradas las migrantes latinoamericanas?
La mayoría se encuentra privada de su libertad por traficar. Estas mujeres son un medio de transporte conocido como mulas. Llevan la droga escondida en sus cuerpos. Las mulas son el último eslabón de la cadena del narcotráfico, son el chivo expiatorio. Estas mujeres suelen ser detenidas en el aeropuerto internacional y alojadas en cáceles preventivas donde esperan ser enjuiciadas. Obtienen condenas muy altas, hasta 9 años de encierro, que es un número desproporcionado en relación al delito. En general el perfil de estas mujeres muestra que han tenido algún problema específico con su familia, inclusive con la situación política de su entorno, y que se han involucrado en el tráfico de drogas para solucionar ese problema. Si en el proceso del delito no son detenidas, obtienen alrededor de 2000 euros; las mayores ganancias quedan para la red de narcotraficantes. Sin embargo en este proceso ellas arriesgan la vida, de hecho muchas mueren.
-¿Migrantes y nativas procesadas reciben el mismo trato?
Las extranjeras presas son todavía más discriminadas. Tienen menos permisos, reciben menos tratamientos, obtienen penas más duras.
-¿Las políticas dirigidas a las mujeres presas contemplan la perspectiva de la migración?
Sí, en el caso de las mujeres migrantes que delinquen contrabandeando drogas. Hace 5 meses el Congreso español redujo la pena de 9 a 6 años en delitos contra la salud pública, que incluye a estas mujeres. Influyó la presión de las organizaciones de derechos humanos, juristas y académicos. Es importante evitar que la gente ingrese a la cárcel y también acortar la privación de libertad. El encierro no rehabilita. Cuando estas personas vuelven a insertarse en la sociedad, vuelve a empezar el proceso.
-¿Cómo se aborda el tema de las diferencias culturales, por ejemplo en el lenguaje?
No hay mediadores ni traductores. Los funcionarios muchas veces no logran comprender a las poblaciones migrantes y los conflictos están a flor de piel. Hay organizaciones de derecho humanos españolas y extranjeras que están empezando a ocupar ese vacío. La situación es agravada por la crisis económica que afecta a toda Europa, pues disminuyen las políticas sociales.
-En cuanto a las condiciones más duras que afrontan las mujeres privadas de libertad, que también caracteriza a las unidades penales argentinas, ¿cómo puede intervenirse desde el Estado y la sociedad para modificar esa realidad?
En España en vez de poner cárceles pequeñas en diferentes regiones, se montan cárceles para 2000 personas. Estas cárceles se sitúan lejos de las comunidades en que viven las mujeres presas y el vínculo con los familiares se rompe. Se pueden hacer muchas cosas para modificar esa realidad. En Italia por ejemplo existen servicios sociales que trabajan con los familiares para que visiten más asiduamente a sus presos y sus presas. He entrevistado a muchas mujeres presas, llevo 20 años trabajando en este tema, y siempre comentan que el mayor problema es la ruptura del vínculo con sus hijos. En general, estando en prisión ellas tienen menos relaciones sociales. Los varones son más visitados por la madre, la pareja, la hija u otro familiar.
-¿Qué otras condiciones hacen que la privación de libertad sea más dura para las mujeres que para los varones?
La organización de los talleres de trabajos dentro de las penitenciarías. En los módulos en que están las mujeres, estos talleres son de peor calidad, llegan los peores productos y están mal pagados. Cuando se cuestionan estas condiciones, se hacen justificaciones en base a estadísticas, ya que la proporción de varones presos siempre es mayor. Como las presas integran poblaciones más pequeñas y están más vulnerabilizadas debería ser al revés. Pero estas situaciones están invisibilizadas.
