América Latina: El trabajo precario es todavía femenino, según la ONU

Cimacnoticias A pesar de la masiva incorporación femenina a la fuerza de trabajo en las últimas décadas, persisten las brechas de género y el trabajo precario sigue siendo principalmente femenino.

El empleo y las condiciones de vida de las mujeres son dos variables fundamentales para avanzar hacia un desarrollo equitativo y sostenible en America Latina (AL) y el Caribe, plantea el Informe Regional sobre Trabajo Decente e Igualdad de Género: “Políticas para mejorar el acceso y calidad del empleo de las mujeres en América Latina y El Caribe”.

El documento presenta un diagnóstico sobre el trabajo de las mujeres y un conjunto de recomendaciones sobre políticas que promuevan la equidad de género en el empleo, el cual fue publicado recientemente por cinco agencias de Naciones Unidas.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ONU-Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sostienen en su informe que la superación de las brechas entre los sexos –potenciadas por las desigualdades raciales y étnicas– requieren el desarrollo de políticas de empleo, que permitan avanzar hacia la autonomía económica de las mujeres y la igualdad de género.

El informe además señala que estas desigualdades son consecuencia directa de las perspectivas tradicionales sobre el lugar y el papel que deben ocupar las mujeres en la sociedad, basadas en prejuicios y discriminaciones.

A eso se suma la inequitativa distribución de los tiempos de trabajo no remunerado –para el cuidado de la familia– y la persistencia de estereotipos que se expresan en desiguales patrones de empleo.

PERSISTENCIA DE LAS BRECHAS

Durante las últimas décadas AL experimentó una masiva incorporación femenina a la fuerza de trabajo. Así, a pesar de que la tasa de participación laboral de las mujeres subió de 49.2 por ciento en 2000 a 52.6 por ciento en 2010, ésta continúa siendo inferior que la de los hombres.

En cuanto al desempleo, en las mujeres la tasa es de 9.1 por ciento, 1.4 veces la de los hombres, sumado a que ellas enfrentan mayores niveles de precariedad laboral, y tienen menos probabilidades de trabajar como asalariadas que los hombres (60.7 por ciento y 68.5 por ciento, respectivamente).

PROBLEMA ESTRUCTURAL

El informe sostiene que la desigualdad social y de género en la región es un problema estructural estrechamente ligado a los patrones de inserción laboral y la calidad de los empleos, que exige de la intervención de políticas públicas, con medidas de corto, mediano y largo plazo.

Agrega que la región todavía carece de políticas públicas de empleo bien estructuradas y con una perspectiva estratégica, donde se incluya la generación de empleos de calidad y la no discriminación de género.

Por este motivo, las agencias proponen un conjunto de recomendaciones que buscan apoyar a los gobiernos, organizaciones sindicales y de empleadores, además de los movimientos de mujeres, en la construcción de políticas para abordar la desigualdad de género en el mundo del trabajo y contribuir al diálogo social para la mejora tanto en el acceso como en la calidad del empleo.

Fuente: http://www.cimacnoticias.com.mx/node/65258

Chile: "No queremos más mujeres que se incluyan en la clase política para seguir gobernando como patriarcas"

Feministas Autónomas Wallmapu

DECLARACIÓN DE FEMINISTAS AUTÓNOMAS DE WALLMAPU

El 19 de diciembre del 2005, hace 8 años, en la ciudad de Santiago, Alfredo Cabrera Opazo arrojó a Javiera de seis años, por la ventana de su departamento desde el séptimo piso, dejando herida también a la madre de la Javi, Claudia Neira Oportus.

Javiera hoy ya tendrías 14 años… y nos inquieta no saber si…

- ¿Escucharías hip hop?

- ¿Irías a clases, estarías en las tomas del colegio, irías a marchas?

- ¿Discutirías con tu madre por las horas de llegada?

- ¿Te veríamos en esta calle con un cartel por los derechos de las niñas y repartiendo volantes contra la violencia hacia las mujeres?

- ¿Preguntarías por el golpe, la historia de tu madre, tus abuelos, tus abuelas y todo el país?

- ¿Soñarías con ser adulta, viajar por el mundo, o sólo enfrentarías cada día con asombro?

Sabemos que no habrá respuestas, porque quienes te amábamos nos perdimos de todo esto. La violencia machista arrebató tu vida y tus sueños.

El femicida se ensañó con tu cuerpo y el de tu madre, porque ambas nacieron mujeres y se resistieron y rebelaron a los mandatos cotidianos del patriarcado.

Las agresiones machistas suceden porque son permitidas por el sistema económico, los Estados, todas sus instituciones, sus sistemas de justicia, los gobiernos y la sociedad completa.

Los agresores no están locos, son criminales que se aprovechan de la impunidad que ampara los crímenes contra las mujeres.

Sólo las mujeres organizadas podemos hacer frente a la violencia machista. Ningún Estado y ningún gobierno va a defendernos.

Las feministas autónomas en chile hace 20 años que denunciamos la violencia y trabajamos para sanar los efectos de la violencia en nuestras vidas.

Hablamos de violencia estructural contra las mujeres: En el trabajo, en la calle, en la ciudad o en la comunidad. Hablamos del femicidio, del abuso sexual, de golpes, humillaciones, burlas, menoscabo y desprecio. También de persecuciones, racismo, colonialismo y empobrecimiento de las mujeres y las niñas.

No hablamos sólo de violencia intrafamiliar porque sabemos que los femicidios y la violencia contra las mujeres no la ejercen sólo maridos, pololos o convivientes. El femicidio y la violencia contra las mujeres son actos que se cometen por machismo, misoginia y un tipo de racismo y colonialismo contra las mujeres y contra todo lo femenino.

Cualquier hombre que elije ejercer violencia contra las mujeres en su familia o fuera de ella es un agresor machista. Todo agresor que asesina a una mujer porque considera que ELLA HACE LO QUE UNA MUJER NO DEBE HACER, o porque cree que ELLA NO HACE LO QUE UNA MUJER DEBE HACER, es un femicida. No importa su vínculo con la asesinada, no importa si es un familiar, un conocido o un desconocida, igualmente ese crimen es femicidio.

- Violencia contra las mujeres también es la que comete el Estado chileno prohibiéndonos abortar.

- Violencia contra las mujeres es la que comete la clase patronal explotando a las trabajadoras, segregándolas, empobreciéndolas con salarios de hambre.

- Violencia contra las mujeres es la que comete Carabineros en las marchas contra las estudiantes a las que abusa por ser mujeres.

- Violencia contra las mujeres es la que ejerce el Estado chileno en las comunidades mapuche contra las mujeres, las ancianas y las niñas mapuche que defienden su territorio.

- Violencia contra las mujeres son los cobros que hacen las Isapres a las mujeres en edad fértil y que la Salud Pública obligue a las mujeres a hacer largas colas y soportar largos tiempos de espera para tratar enfermedades propias o de sus hijos e hijas.

- Violencia contra las mujeres es que mientras seamos más viejas somos más pobres.

- Violencia contra las niñas y las mujeres es que no hay justicia para las niñas agredidas o abusadas sexualmente por un adulto por ser pobres, por ser niñas, por ser parte de ese porcentaje del país que a ni al gobierno, ni a la clase política les interesa porque no votan.

- Violencia contra las mujeres es que trabajemos doble y triple jornada, y que mucho de nuestro trabajo no sea reconocido como tal.

La injusticia contra las mujeres es estructural y una presidenta no cambia absolutamente en nada esta realidad.

No queremos más mujeres que se incluyan en la clase política para seguir gobernando como patriarcas y patronas. Para seguir gobernando a favor de los holdings, las mineras, los empresarios, los industriales, los imperialistas, los racistas y los patrones.

En este país con programas y planes supuestamente “para las mujeres”, todas seguimos siendo Cuerpo de Riesgo de Muerte.

Por eso este 19 de diciembre es el día contra el femicidio porque nosotras así lo decidimos. Ningún estado lo aprobó y no necesitamos de sus leyes e instituciones para conmemorar nada. Decidimos este día porque hace 8 años el femicidio de Javiera y el femicidio frustrado de Claudia Neira Oportus marcó una etapa del activismo feminista autónomo en chile.

Somos feministas autónomas, practicamos la libre decisión sobre nuestros cuerpos. No esperamos nada de los estados y gobiernos. Construimos nuestra propia libertad.

No tenemos nada que ver con el E$tado ni con el gobierno ni con ningún partido político. No nos financia ninguna institución, ONG o Ministerio. Hacemos autogestión.

Hoy como siempre estamos en la calle y sin permiso porque tenemos memoria, porque no perdonamos ni olvidamos.

¡NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA MACHISTA!

¡NADA JUSTIFICA EL CONTROL SOBRE NUESTROS CUERPOS!

¡EL SILENCIO ES CÓMPLICE!

¡NADA JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN DE NUESTROS TERRITORIOS!

CUERPO DE MUJER, TERRITORIO CONCRETO, LIBERTAD Y AUTONOMÍA

Feministas Autónomas Wallmapu

VER FOTOS DE ACCIÓN EN: http://lapuntadaconhilo.blogspot.com/2013/12/wallmapu-santiago-accion-contra-el_21.html, EN: http://lapuntadaconhilo.blogspot.com/2013/12/wallmapu-santiago-accion-contra-el.html Y EN: http://lapuntadaconhilo.blogspot.com/2013/12/wallmapu-lo-que-las-mujeres-dicen-sobre.html

Un espacio para las mujeres inmigrantes en California

Eliana Costa

Desinformémonos California, Estados Unidos. María Jiménez, inmigrante mexicana, recuerda que cuando vino a los Estados Unidos no sabía el idioma y no conocía a nadie. Con miedo de andar por la calle, pensaba que cada oficial uniformado era un agente de inmigración. Sabe lo que fue vivir en el miedo constante de ser deportada y por ello se sentía extraña. En 1989, María encontró a otras mujeres inmigrantes de Latinoamérica con experiencias similares. La Universidad de California desarrolló un estudio que alcanzó a cientos de mujeres inmigrantes como María. La última pregunta fue si estaban dispuestas a unirse en un grupo de apoyo. María dijo que sí, y esto cambió el curso de su vida.

María y otras migrantes latinoamericanas formaron el grupo de Mujeres Unidas y Activas (MUA), que proporciona apoyo a inmigrantes de Latinoamérica que viven en Misión de San Francisco. MUA también es un espacio donde las inmigrantes construyen su amor propio.

MUA tuvo su primera reunión en el Edificio de la Mujer de San Francisco (TWB). María recuerda que TWB no sólo les proporcionó el espacio para sus reuniones mensuales, sino también un espacio donde sus niños serían cuidados mientras ellas asistieran a sus reuniones.

La madre de los espacios

En 1971, un grupo de mujeres visionarias fundó el Centro de Mujeres de San Francisco (SFWC), con un área de proyectos que se ocupa de las emergencias de las mujeres. Las primeras oficinas abiertas por el equipo sobre Brady Street enseguida quedaron pequeñas para la cantidad de demanda que recibieron. Publicaron un boletín de noticias, proveyeron de personal una central para la comunidad y organizaron un grupo de activistas. En 1979, SFWC compró el pasillo Dovre, y lo transformó en el primer centro municipal tomado por las mujeres y manejado por ellas, el “Edificio de la Mujer”.

Desde entonces, el Edificio ha patrocinado a más de 170 organizaciones emergentes, como el MUA o la Casa de las Mujeres, el primer edificio-refugio para mujeres golpeadas y fundación para la mujer en California. Se estima que unas 20 mil personas pasan por allí cada año para acudir a sus servicios, incluyendo mujeres inmigrantes que reciben asesoramiento, cursos y ayuda para la integración.

El Centro de Mujeres afirma, desde 1971, que todas las mujeres tienen el mismo derecho a la vida laboral y creativa. El Edificio es en sí un espacio en la comunidad, conducido por mujeres, que aboga por la autodeterminación, la igualdad sexual y la justicia social.

En el Edificio, las mujeres pueden tener cuidados para ellas y sus familias, usando sus servicios sociales. Se apoya el bienestar de mujeres y jóvenes propugnando por justicia social.

Para reflejar lo que significa el espacio, en 1994 un grupo de siete mujeres artistas de diferentes generaciones creó “El Mural”, una obra concebida bajo una idea multicultural. El diseño del mural fue resultado de un año y medio de reflexión y planificación de una amplia gama de organizaciones, comunidades e individuos. Juana Alicia, Miranda Bergman, Edythe Boone, Susan Kelk Cervantes, Meera Desai, Yvonne Littleton e Irene Perez (y muchos ayudantes) cubrieron dos paredes exteriores con imágenes que reflejan las contribuciones valiosas de mujeres en el mundo entero. Algunas de las famosas incluidas son Audre Lorde, Georgia O’Keefe y Rigoberta Menchu. Además, iconos femeninos como Quan Yin, Yemeyah, y Coyolxauqui son parte del motivo espiritual del diseño.

Ayuda a las inmigrantes

Trabajan en varias actividades y publicaciones, y las integrantes de MUA llevan adelante una campaña para abogar por los derechos de las trabajadoras inmigrantes.

Por 20 años, María y Juanita, ahora directoras de MUA, han ayudado a conducir los esfuerzos alrededor de mujeres inmigrantes y los derechos de los trabajadores, ayudado a otras mujeres latinoamericanas a encontrar sus propias voces en la lucha por el fortalecimiento personal, así como por la justicia y la igualdad de derechos para todos los inmigrantes.

Fuente: http://desinformemonos.org/2013/12/un-espacio-para-las-mujeres-inmigrantes-en-california/

El aborto en España no se prohíbe sino se privatiza

Aníbal Garzón

Rebelión Es de ignorancia, o de demagogia, no querer afirmar u ocultar que el aborto es igual de antiguo que la misma supervivencia de la humanidad.

Repasemos. Usando registros de épocas de antaño, según la tesis del Doctor Ginecólogo dominicano José Garrido Calderón [1] afirma que sobre el aborto existen textos chinos de 3000 años antes de Cristo donde aparecen recetas de un aborto oral. Registros que recogen también la defensa de Aristóteles en la Antigua Grecia sobre el derecho a abortar las familias numerosas y de bajos recursos, o las fórmulas abortivas que expuso el padre de la medicina occidental Hipócrates, o añadiendo, en el mundo indígena americano los aztecas también usaban hierbas abortivas. Además, huelga decir que en una estructura trascendental en el ámbito jurídico occidental como el Derecho Romano no se hacía prohibición del aborto. Por lo tanto, y en crítica a visiones históricas lineales como las sociedades cristianas, tanto por origen como por imposición, dieron un paso atrás con la época teológica cristina donde el aborto inicia su prohibición moral y legal en 1588 por el Papa Sixto V siendo el aborto y el anticonceptivo un pecado mortal.

Este fenómeno de la involución del derecho o legitimidad social del aborto reproduce su representación en España, pero no con miles de años de margen temporal como sucedió en la cultura occidental sino solamente con 28 periodos anuales, de1985 a 2013.

El pasado viernes 20 de diciembre aprobó el Consejo de Ministros del gobierno español conservador del Partido Popular la "Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada" o lo que se conoce como la reforma de la ley del aborto. Históricamente en España hasta 1985 cualquier interrupción voluntaria del embarazo fue delito, aunque existió un intervalo excepcional durante la II República Española (1936-1939). El fascismo clerical español de Francisco Franco (1939-1975) con su golpe de estado contra la República Democrática paralizó ese avance en derechos sociales, sexuales y reproductivos. Desde el modelo posfranquista (1975 - actualidad) de la monarquía constitucional española, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al ganar las elecciones en 1982 aprobó la Ley orgánica 9/1985 reformando el artículo 417 bis del Código Penal legalizando el aborto parcial en tres situaciones; graves deficiencias físicas o psíquicos del feto dentro de las 22 semanas, y en caso de violación o peligro de vida para la embarazada en 22 semanas. Este aborto parcial fue ampliado a un aborto libre en 2010 con la Ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria en las primeras 14 semanas. Finalmente la reciente Ley aprobada se transforma en una situación legal más restringida que la de 1985 siendo posible solamente el aborto en dos casos; violación antes de las 12 semanas y riesgo para la salud de la mujer antes de 22 semanas, careciendo de legalidad deficiencias del feto.

En estas dos visiones, la legalidad española y la historia moral teológica sobre el aborto, existe una coherencia entre la derecha conservadora y el clero tradicionalista, dar pasos atrás en el desarrollo de la humanidad. Siendo en España, reiterando, la ley de 1985 más avanzada que la actual de 2013 o los valores grecos romanos menos represores que los cristianos del feudalismo como interpretó Sigmund Freud en el “Malestar de la Cultura”.

Aún así, más allá de referencias históricas caemos en la pregunta inicial sobre si la nueva ley conseguirá reducir el número de abortos. Posiblemente si, pero por una conocida categoría, la clase social. Una unidad de análisis económica, y a la vez cultural, que han ocultado los posmodernistas antimarxistas.

Un derecho clasista, violación de Derechos Humanos

Si una chica española de 19 años de clase alta se queda embarazada seguramente tenga recursos económicos familiares, aunque pueda ser contradictorio con los falsos valores cristianos que tenga su grupo familiar, para viajar a otro país europeo, como por ejemplo Holanda, para abortar y no limitar así su futuro juvenil, académico y laboral. Por no hablar de la posibilidad de abortar ilegalmente en clínicas privadas españolas. Mientras que una chica con la misma edad pero de clase baja, si se queda embarazada al ser miembro de una familia donde posiblemente tanto el padre como la madre estén desempleados no podrá decidir sobre su proyecto de futuro por no disponer de recursos económicos para realizar el aborto legal en el extranjero. Y si esa chica lo decide hacer de manera ilegal en territorio español, con sus pocos recursos económicos probablemente tenga un servicio de economía informal deficiente que afecte su riesgo de salud.

Uruguay ha sido el primer país de América Latina, después del caso excepcional de Cuba con su Revolución Socialista de 1959, en legalizar el aborto total en diciembre de 2012. Según un informe del Ministerio de Salud Pública en 2013 se han realizado 2550 abortos, 426 por mes [2], en una suma de 3,29 millones de habitantes, y al ser legal no se ha registrado en todo un año ninguna muerte a causa del aborto. Supuestamente al existir un servicio gratuito y de calidad para todas las mujeres uruguayas automáticamente se elimina cualquier economía informal y con ello cualquier desigualdad entre clases sociales en este servicio médico. Además, el disponer de aborto legal no quiere decir que aumenten los abortos cuantitativamente ya que siempre existe su riesgo y para ninguna mujer es un placer realizar tal intervención médica[3]. Según el mismo Ministerio se estima que Uruguay es uno de los países con tasa de aborto más baja. ¿Acaso en Uruguay ha crecido en 2013 el número de abortos respecto a años anteriores por estar legalizado? Sin existir registros empíricos, el Ministerio afirma que entre 2005 y 2012 se prevé que en Uruguay pudo haber 40.000 abortos, o sea 5000 por año. La causa para evitar el aborto es hacer legítimo y legal su acceso acompañado de una buena educación sexual y de política familiar planificada.

En consideración, la legalidad no quiere decir que el aborto aumente sino que se solidifique y se democratice un servicio para todas las clases en defensa de la salud de la mujer. Según un Informe Anual del Ministerio de Sanidad de España en 2011 se produjeron 118.359 abortos en una población de 47,27 millones. Posiblemente la nueva ley reduzca los abortos un 5% o 10% o 15%, pero hay que tener en cuenta que no será porque eran abortos voluntarios que ahora son ilegales sino por ser una parte de la población de clase baja española que no puede aspirar a un servicio público. En lugar de considerarse un derecho democrático acaba siendo incompatible con los mismos Derechos Humanos al violarse el Artículo 7, “Todos son iguales ante la Ley”, porque unas podrán violar la ley por tener recursos y otras la tendrán que cumplir por obligación al escasear de capital.

En un país como España la Supuesta Democracia seguirá siendo simplemente Supuesta con la privatización de decisiones, abortando solamente las que puedan, cuando los avances se dan en socializar y colectivizar los servicios para abortar las que quieran. Antes abortaban las hijas de la nobleza hoy abortan la de los burgueses. La historia se repite, pero como dijo Marx en su obra de El 18 de Brumario, una vez como tragedia, la represión del clero, y otra como farsa, la demagogia del Partido Popular.

Notas:

[1] http://www.bvs.org.do/revistas/amd/1995/17/01/amd-1995-17-01-030-033.pdf

[2] http://otramerica.com/radar/uruguay-ley-aborto-disminuye-cero-la-mortalidad-femenina-asociada-la-practica/3001

[3] http://www.youtube.com/watch?v=uZEEsDMd3GU

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

MinMujer realiza debate sobre transferencias de competencias al Poder Popular

MinMujer Entre consignas y cantos revolucionarios se dio inicio al debate de Transferencia de Competencias del Ministerio del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género (MinMujer) al Poder Popular, en la sala plenaria 1 de Parque Central.

“Con este asamblea aspiramos acercar la gestión del poder público nacional a los consejos comunales y comités de igualdad de género, partiendo de la premisa chavista de darle poder al pueblo”, aseveró la viceministra para la Participación Protagónica y Formación Socialista con Visión de Género, Rebeca Madriz.

Agregó que luego de un recorrido en seis entidades del país para la conformación de los comités de género, se evaluaron las primeras competencias que serán transferidas al Poder Popular entre las que destacaron: entrega de recursos para proyectos socioproductivos, programas de formación contra la violencia de la mujer, monitoreo de nuevos ingresos a la Misión Madres del Barrio y programas de formación sociopolítica.

En la actividad también estuvieron presentes la viceministra de Estrategias Socioeconómicas de MinMujer, Dulce Medina, y la directora general del Instituto Nacional de la Mujer (InaMujer) Laura Franco, atentas ante las propuestas que elevaban las voceras del poder popular.

Dayana Carrasquel, una de las voceras de los comités de igualdad de género explicó que “con el apoyo del presidente Nicolás Maduro y la titular del despacho de la mujer, Andreína Tarazón, trabajaremos por la defensa de los derechos de todas y todos y fortaleceremos la organización femenina".

Es importante señalar que éstas actividades forman parte del Plan Comuna o Nada, que tiene como objetivo optimizar el registro y la consolidación de las comunas en el territorio nacional. Además la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno establece en su artículo 7 la transferencia de competencias como vía para lograr el fortalecimiento de las organizaciones de base popular.

MinMujer suma 100 EPS financiadas como parte del impulso al nuevo Sistema Económico Comunal

MinMujer Cien Empresas de Propiedad Social (EPS), han sido impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), en un lapso de dos meses en más de diez estados del país, como parte del cumplimiento de compromisos adquiridos durante el Gobierno de la Eficiencia en la Calle.

Así lo manifestó este domingo Dulce Medina, viceministra de Estrategias Socioeconómicas con Perspectiva de Género del MinMujer, durante la entrega de certificados de financiamiento a doce Unidades de Producción Familiar y dos empresas de Propiedad Social Directa del estado Barinas.

Las 14 iniciativas productivas abarcan áreas agrícola, piscícola, ganadería, cultivos, manofactura y otros y están enmarcadas en la Ley del Sistema Económico Comunal y el Plan Comuna o Nada. En este sentido la viceministra Medina señaló que el impulso de las EPS, “servirá para incentivar la producción comunal desde la actividad económica que van a impulsar todas las mujeres desde sus organizaciones”.

Asimismo enfatizó que las mujeres venezolanas están organizadas en Revolución, participando en la construcción del nuevo Sistema Económico Comunal. “Con esta experiencia vamos a ir germinando la semilla de un nuevo sistema inclusivo, un sistema productivo eficiente, al servicio de las necesidades del pueblo e impulsado por las mujeres”, dijo.

Finalmente invitó a las mujeres de la Patria a sumarse a la batalla económica que enfrenta el país. “Es indispensable que las mujeres nos sigamos sumando a esta batalla por la independencia y soberanía económica de nuestro pueblo”, puntualizó.

2014: La revolución económica socialista venezolana en perspectiva histórica

Mario Sanoja Obediente

Rebelión El Socialismo es la única alternativa histórica que garantiza independencia definitiva de Venezuela de la amenaza imperial, tanto externa como interna. Pero el Socialismo, para consolidarse, requiere estar apoyado sobre bases sólidas.

Para lograr esa meta, escribió el Maestro D.F. Maza Zavala que era necesario:“… un nacionalismo revolucionario que apuntase hacia la liquidación del enclave capitalista extranjero, la liquidación del régimen agrario latifundista, la pérdida del poder de la oligarquía interna, el desarrollo de un poderoso sector público de la economía básica, con el dominio de todos los mecanismos estratégicos del proceso de distribución y la convivencia con un sector privado limitado en cierta gama de actividades productivas y de servicios, dentro de la esfera puramente económica…” “…planteamos la exigencia de la liquidación del capitalismo que ha adquirido en nuestro país sus características más negativas, más deformantes, más destructivas, mas desnacionalizadoras y más destructoras de la calidad de vida… cuya característica dominante es la expansión y la profundización del supermonopolio, la concentración creciente del poder de acumulación y de extracción de ganancias…”

Luego de estas citas extraídas de las obras del Maestro Maza, podemos comprender la magnitud histórica de la empresa iniciada en 2013 por el Presidente Maduro para derrotar, no solamente la presente fase de la guerra económica, sino también la guerra iniciada desde el siglo XVII por la oligarquía parasitaria contra el pueblo de Venezuela, contra la Nación venezolana y sus instituciones.

Como apuntase en sus libros nuestro profesor y amigo, el historiador de la Economía Venezolana, camarada Federico Brito Figueroa, la perversa deformación de nuestra actual oligarquía parasitaria se origina desde la época colonial, cuando los grandes terratenientes compartían la condición de comerciantes monopolistas y usureros-prestamistas, para acumular una masa de capital mercantil-usurario donde la riqueza social fundamental se desarrollaba sobre la base de la explotación de los esclavos y de la población rural en condiciones económicas y sociales equivalente a la servidumbre medieval. Esta cita de autoridad extraída de su obra Historia Económica y Social de Venezuela, pinta de cuerpo entero la rapacidad de la actual oligarquía empresarial parasitaria venezolana enconchada en Fedecámaras, Fedeindustrias y la MUD.. Salvando las distancias, podemos ver como todavía aquellas siguen manteniendo en condición de servidumbre no solo a la clase popular venezolana, sino a la clase media y en particular a los pequeños comerciantes que ellos hipócritamente dicen defender. Es, como dice el dicho popular, poner los zamuros a cuidar carne.

Las primeras inversiones de capital monopolista extranjero se producen en Venezuela hacia mediados del siglo XIX, particularmente en el sector ferrocarrilero y la minería del oro y el asfalto. Pero dichas inversiones no afectaron el carácter quasifeudal que tenia la dominación oligárquica mercantil-latifundista sobre el pueblo y la Nación venezolana.

Brito Figueroa señala particularmente la forma despótica como eran tratados los peones agrícolas, sometidos al castigo del látigo y la degradación de los cepos cuando –a juicio del amo- incumplían sus tareas, en la tropelía del endeudamiento forzado que se heredaba de una generación a otra de peones agrícolas, la venta de haciendas incluyendo a sus trabajadores que eran considerados al mismo nivel que los semovientes (ganado vacuno, caballos, mulas y burros), la compraventa de niñas y niños pobres ,para ser utilizados en el servicio domestico, entre otras arbitrariedades.

Por aquellas razones, el ritmo de crecimiento de la economía venezolana fue muy lento, al igual que el crecimiento demográfico de un pueblo atenazado por la pobreza extrema en que vivía la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas acosados por el flagelo del hambre y las enfermedades infecto-contagiosas. Ello explica los procesos insurreccionales ocurridos desde el siglo XIX en la masa de población rural, en la clase pobre y la pequeña burguesía urbana contra los amos de la riqueza territorial agraria y la burguesía comercial usuraria.

El pueblo venezolano comprendió que sus luchas tenían que culminar en el logro de objetivos más importantes que el simple cambio político, tal como la eliminación de la estructura económica capitalista basada en la explotación del trabajo humano. Por ello consideramos que la Revolución Bolivariana conducida por nuestro Segundo Libertador, Hugo Chávez Frías, culmina. el proceso histórico de liberación nacional cuya fase definitiva ha sido emprendida por nuestro actual Presidente Nicolás Maduro.

Los documentos analizados por Brito.Figueroa revelan como, a partir de 1959,. se incrementó sensiblemente la penetración del capital estadounidense en los sectores manufacturero y comercial venezolanos, particularmente en la producción de materias primas agropecuarias y de alimentos.

Venezuela, desde entonces, desempeñaba la función de productor solamente en las últimas fases del proceso manufacturero, con base a las facilidades financieras que otorgaba el Estado venezolano al bloque parasitario dominante de la sociedad venezolana. La repatriación de capitales hacia Estados Unidos por parte de las empresas intervenidas por el capital gringo representaba entre un 35% y 69,8 % del capital invertido. La expoliación de capitales permitió a ciertas empresas recuperar ensolo cinco meses la totalidad del capital invertido en Venezuela.

El negocio de las importaciones es el eslabón de la cadena que nos sujetaba y nos sigue sujetando a la dependencia y la dominación de los monopolios estadounidenses, cuya clave estaba y sigue estando en las manos de la burguesía monopolista parasitaria venezolana. La clase política de la IV República, al igual que la que sus restos enconchados actualmente en la MUD, no puede imaginar el desarrollo económico y sociocultural del pueblo venezolano fuera del ámbito del capital estadounidense. La intima conexión que siempre ha existido entre la burguesía latifundista-mercantil venezolana y los capitalistas extranjeros fue la que originó que durante los siglos XVIII, XIX y XX, buena parte los capitales generados por la venta de materias primas agrícolas en Europa y los Estados Unidos se quedasen en las cuentas bancarias que poseían los burgueses venezolanos en esos países mientras que otra parte retornase bajo la forma de bienes comerciales importados que eran vendidos en nuestro países con ganancias exorbitantes de hasta un 30% sobre el valor originario aquellos. De allí surgen las fortunas familiares vinculadas a los actuales negocios de importación, cuyos degradados descendientes actuales siguen jugando el mismo papel traidor dentro del bloque político de la MUD.

La Revolución Bolivariana tiene como meta superara nuestra condición de país neocolonial que maniató a Venezuela hasta 1998, así como también quebrar la dependencia estructural, histórica, que ha permitido la entronización de la burguesía mercantil monopolista y parasitaria como bloque dominante de la sociedad venezolana. La acentuada fuga de capitales, que es y ha sido siempre el fin último de la guerra económica centenaria que aquella burguesía conduce contra el pueblo venezolano, se ha traducido en los más de 100.000 millones de bolívares, que están depositados en las cuentas privadas de los comerciantes venezolanos en el extranjero, capitales que nunca retornarán a Venezuela mientras el Estado Nacional les siga proporcionando indiscriminadamente los dólares que produce la renta petrolera. A partir de aquella masa monetaria, la burguesía mercantil parasitaria puede armar sus ataques contra la moneda venezolana para incrementar el valor de sus activos depositados en el exterior, tal como hicieron con el Viernes Negro, tal como hacen hoy con la complicidad de los boliburgueses enquistados en CADIVI y otros organismos del Estado, para llevar adelante su permanente guerra ecónómica.y apoderarse indirectamente de la renta petrolera y de los ahorros del pueblo venezolano.

El impacto de la dominación neocolonial que todavía ejercen los Estados Unidos sobre la sociedad venezolana, se materializa en el carácter servil de la burguesía parasitaria venezolana y de la mafia de pseudo-politico traidores enquistada en la Mesa de la Unidad (MUD). Se manifiesta así mismo en la putrefacción de las relaciones sociales a través de la importación de modelos culturales que, a través de las industrias culturales, afectan los patrones de conducta social y hasta la vida cotidiana de los venezolanos y venezolanas, los cuales tienen como objeto desnacionalizar nuestra sociedad. El fin de esa ofensiva cultural que se orquesta a través de los medios de comunicación privados, es el de hacer sentir a los venezolanos y venezolanas, sobre todos de la clase media,, que su relación de dependencia de los monopolios estadounidenses y europeos, así como con nuestra oligarquía financiera y comercial parasitaria, es esencial para mantener y reproducir su vida cotidiana.. Ello explica el porqué del apoyo que brindan sectores de la clase media y popular a los comerciantes usureros y ladrones, hasta el punto de elegir como alcaldes propuestas por la MUD en ciertas ciudades venezolanas, a delincuentes burgueses identificados plenamente con delitos de usura y robo calificado a los haberes del pueblo..

Lo escrito anteriormente busca, de manera muy esquemática, tratar de poner en contexto histórico la valerosa lucha emprendida por nuestro presidente Nicolás Maduro contra la guerra económica que, hace desde hace más de dos siglos, ha declarado la burguesía parasitaria contra el bienestar del pueblo venezolano

España: Ni locas, ni víctimas: mujeres con derechos

Elena Lakabe, Oihana López y Begoña Zabala

Rebelión Efectivamente, las mujeres que abortan ejercitando el derecho universal de controlar su maternidad y su reproducción, no son ni víctimas, ni están locas. Simplemente, son personas que ejercitan un derecho reconocido por las instituciones internacionales, entre otras, por Naciones Unidas. No necesitan de ninguna protección ni amparo de los aparatos de este Estado reaccionario, regido por una derecha ultra-conservadora. Exigen y ejercitan el derecho a disponer de su cuerpo. Y las Administraciones Públicas deben facilitar el ejercicio de este derecho, mediante las prestaciones pertinentes en los centros públicos, de forma gratuita y universal. Y sobre todo de forma segura, desde el ámbito sanitario y jurídico.

Las 108.000 mujeres que en el año 2011, en el Estado Español, se han sometido a una IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), frente a un embarazo no deseado, antes de la decimocuarta semana, simplemente han ejercitado un derecho reconocido por la vigente Ley Orgánica de la salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, del año 2010.

Estos dos son los primeros comentarios que se nos ocurren frente al texto que ha presentado el Gobierno del PP, como anteproyecto de ley que denomina “de protección de los derechos del concebido y de la mujer embarazada”. Sintetizan, de forma esquemática, los efectos que va a tenar la propuesta del ministro Ruiz Gallardón. Es decir, y como principal criminalización, pasa a ser constitutivo de delito la realización de una IVE a petición de la mujer, en cualquier plazo. Lo que quiere decir, que el 95% de los abortos, aproximadamente, realizados de forma legal en Euskal Herria, desde que entró en vigor la ley, pasan a ser delitos. La soberana y libre voluntad de la mujer, ya no dirime este asunto. Pasa a ser tutelada por especialistas de diversos campos técnicos, científicos, jurídicos, morales, políticos…. Se pasa así al aborto por causas tasadas, analizadas y juzgadas por terceras personas.

A la hora de hablar de los supuestos que van a ser legales, únicamente recoge dos el presente proyecto: el embarazo fruto de violación –hasta 12 semanas- y el grave peligro para la salud, física y síquica, de la mujer gestante –hasta 22 semanas-. En éste último está subsumido el supuesto de malformación del feto, que también deberá afectar gravemente a la salud de la mujer para ser legal. Con esto se convierte en un supuesto de doble condicionamiento y de doble prueba. Con esta modificación la penalización del aborto es más grave que en los supuestos de la ley de 1985. Hemos retrocedido a tiempos del franquismo.

Todos los procedimientos para llegar a la práctica efectiva de la intervención aparecen adornados de un protocolo complicado, lento, burocrático, con tiempos de espera y reflexión muy amplios, y mediatizados por voluntades e informes ajenos y externos a la mujer, tanto de técnicos como de personas que tutelan a la mujer. Todos ellos con una finalidad clarísima, e ideológicamente del acervo argumental de la derecha integrista: convencer a la mujer embarazada, que ya ha decidido abortar, que lo mejor, en todo caso, es seguir con el embarazo y terminar pariendo una criatura. Aunque después la tenga que dar en adopción o simplemente se la quiten, para su mayor felicidad, la de la criatura, y la de ella, por supuesto. Así las mujeres deberán abortar, alegando, en un porcentaje muy alto de casos que la continuidad del embarazo es perjudicial para su salud síquica. O sea, problemas de salud mental, para pasar a engrosar las filas de las mujeres que enloquecen y entonces son incapaces para gobernar su vida.

Toda esta política restrictiva y negadora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en concreto del derecho al aborto, viene acompañada de una píldora penal-criminológica de corte de la derechona reaccionaria que solo tiene perversidad y mal hacer jurídico. Para no penalizar a las mujeres que se ven obligadas a interrumpir un embarazo no deseado fuera de los estrechos supuestos legales, que sabe el PP que se contarán por miles, decide hacer a la mujer no imputable. Evidentemente es mala imagen para la marca “España”, en el escaparate europeo, que se procese y condene y encarcele a mujeres por ejercitar un derecho mayoritariamente reconocido y garantizado por los Estados democráticos. Y para ello, para librar a la mujer de la criminalización y no imputarla, ya que es una acción que realiza voluntariamente, decide “elevarla” a la categoría de víctima.

Así, mediante este truqillo de trilero, de dudosa validez constitucional, resulta que la presunción de inocencia, pasa a ser presunción de “incapaz”. Las mujeres son consideradas incapaces e in-imputables, porque son víctimas, aunque no se sabe muy bien víctimas de qué o de quién, salvo que lo sean del Ministro de Justicia y de toda su corte celestial. Tiene un agravante muy serio: aunque no imputen a la mujer, ésta no tiene ninguna garantía sanitaria de que se lo puedan realizar, pues quien lo practica si será condenado y encarcelado.

Pues no señores del gobierno del PP y asesores celestiales. Las mujeres no estamos locas cuando recurrimos a interrumpir un embarazo no deseado porque ha fallado la prevención y el asesoramiento necesario para evitarlo, fruto de su mala gestión y atención educativa sanitaria. No estamos locas cuando, conscientes del sufrimiento que va a tener una criatura con discapacidad funcional grave y del propio nuestro, sin medios suficientes para llevar una digna porque vds. la niegan, recurrimos a un aborto. No somos víctimas cuando ejercemos un derecho conscientes de nuestra legitimidad y dueñas de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Y para demostrarlo, desobedeceremos vuestras imposiciones.

Elena Lakabe, Oihana López y Begoña Zabala, de la Comisión por el derecho al aborto de Navarra

A propósito de la paridad hombre-mujer: De la "discriminación positiva" y el universalismo a la francesa

Christine Delphy

Matxingune taldea La cuestión de la paridad política no es el único objeto de las reflexiones de esta asamblea, cuya misión es la realización de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los dominios.

Así es como yo veo la paridad en política, que todavía no hemos definido, como una parte de un conjunto más vasto.

La cuestión de la paridad política la plantean aquellas y aquellos que la proponen como la reivindicación de una igualdad perfecta que exigiría igual número de mujeres que de hombres en las asambleas electas y, si lo entiendo bien, se trata de recrear en las asambleas la proporción de mujeres y de hombres que existe en la población general.

En mi opinión, la reivindicación de paridad padece defectos en la formulación de su objetivo, su argumentario y su táctica. Estos defectos le quitan el apoyo de una buena parte de las únicas fuerzas susceptibles de lograr que tenga éxito: las fuerzas feministas. Pero si su objetivo se reformulara de manera más amplia como un aumento de la participación de las mujeres en los puestos de decisión en el conjunto de la sociedad y, por consiguiente, también en las asambleas políticas, electas o no, su argumentario también podría ser diferente, anclado en el universalismo; su táctica, en vez de exigir un cambio legislativo importante podría no exigirlo e inscribirse (al menos en teoría) en el marco existente de la acción positiva. Finalmente, para conseguir el apoyo de las masas feministas, debe ser a la vez menos y más ambicioso: el acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad en las asambleas políticas ya no se debe presentar como la panacea que no puede ser. En cambio, inscribir este acceso en una política de acción positiva y de acción positiva extendida a todos los sectores de la sociedad y a todos los dominios de actividad acallaría las críticas que preguntan qué programa sustancial va a acompañar a la prometida elección de las mujeres en las asambleas territoriales y nacionales.

En mi opinión, la reivindicación de la paridad es la reivindicación del acceso a las funciones políticas y no es separable de la reivindicación más general de acceso a todas las funciones y puestos de decisión altos, además de simplemente a todas las funciones y a todos los puestos ya sean altos o bajos, aunque no sea necesario pedir estos últimos.

La petición de aprobar una ley que instaure una cuota, ya que, como dice Varikas (1995), una cuota de uno de cada dos sigue siendo una cuota, se justifica como se justifican todas las políticas de acción positiva y las cuotas son uno de los instrumentos cruciales de esta política.

¿Esta política de acción positiva incorpora necesariamente unas premisas molestas, como dicen algunas? ¿Es inútil? Por último, ¿es imposible, está abocada al fracaso?

Esto es lo que afirman algunas feministas que hacen tres tipos de críticas a esta reivindicación:

es esencialista en su justificación y 1bis) este esencialismo que el feminismo critica en el pensamiento dominante, es decir, la división de la humanidad en dos subespecies distintas, en vez de estar debilitado por la acción de las feministas, se encontraría inscrito debido a ello en la Constitución o, cuando menos, en la ley;

la democracia es ella misma masculina por esencia y, por consiguiente, irrecuperable;

la elección de mujeres no garantiza un progreso para las mujeres.

En un primer momento voy a abordar estas críticas y ver si son insuperables, si no se puede salvar la proposición sustancial que se expresa en la petición de paridad y a continuación me centraré en la inscripción de la acción positiva en la búsqueda de un verdadero universalismo para demostrar:

que la defensa del universalismo opuesta a los grupos dominados con el pretexto del temor al comunitarismo es de hecho una defensa del acaparamiento de lo universal por parte de una categoría muy específica de la población, los hombres blancos;

que esta resistencia a la protesta de los grupos excluidos, que en Francia adopta la forma de la invocación de los grandes principios y, por lo tanto, utiliza la doctrina de los derechos humanos contra ellos mismos, no deja de tener efecto sobre la forma que adoptan las reivindicaciones de los excluidos de la ciudadanía, entre ellos las mujeres. La incapacidad de los grupos dominantes de comprender que ha llegado el momento de abandonar su monopolio de lo universal, su negativa a acceder a la petición de los excluidos de crear un verdadero universal, es decir, incluyente, son responsables de una situación extremadamente conflictiva que puede llevar al desmantelamiento de la forma republicana. En efecto, como han llamado sin éxito a la puerta de la casa que les han dicho que es común, ante la respuesta que se les da de que esta casa no es la suya y que solo pueden entrar en ella como invitados, los grupos dominados acabarán por abandonar este lugar a quienes se califican de únicos propietarios legítimos y por acudir a otra parte: precisamente donde está el trapo rojo que los dominantes agitan ante toda protesta, donde está el «comunitarismo» o el separatismo; y de todas formas, en una vía paralela que no será buena ni para ellos ni para el resto de la nación.

La acción positiva es preferible a la paridad Los objetivos de la paridad son compatibles con un análisis no esencialista

1) El argumentario de las partidarias de la paridad a veces es esencialista. A menudo menciona la necesidad de que las mujeres estén «representadas» en razón de su diferencia natural esencial respecto a los hombres. Por consiguiente, la diferencia de sexos sería incomparable con cualquier otra diferencia social; mientras que está prohibida la representación separada o específica de los grupos sociales, la de las mujeres de los hombres tendría sentido.

Por lo tanto, la reivindicación de la paridad lleva a la siguiente pregunta: «¿De qué son los hombres y las mujeres?», como se preguntaba[1]: «¿De qué son los pies del soldado?», a lo que se respondía: «Los pies del soldado son objeto de cuidados constantes». En mi opinión, de la misma manera los hombres y las mujeres, y el sistema formado por esta división, el sistema de género, son objeto de cuidados constantes por parte de la sociedad como tal y por parte de cada una y cada uno de sus miembros.

¿Qué es el sistema de género? El sistema de género es un sistema cognitivo que separa a la humanidad en dos grupos totalmente distintos, totalmente estancos, incompatibles entre sí y totalmente jerarquizados (Delphy, 1991).

El sistema de género se distingue en eso del clásico sistema de clases. Sin embargo, se basa en una organización social en clases, las clases de sexo o de género. Esta organización social en la que las mujeres están oprimidas y son explotadas en tanto que grupo por la otra mitad de la humanidad se denomina patriarcado. Por consiguiente, el sistema de género es el aspecto cognitivo del patriarcado, organización político-económica, mientras que el sexismo es la ideología de estos dos sistemas.

¿Por qué tres términos y a veces más? Porque en esta conceptualización la base de los otros dos sistemas está constituida por la explotación económica, explotación cuyas cifras conocen ustedes.

¿Qué es el género? El género como concepto estático corresponde poco más o menos a «sexo social». La investigación ha demostrado que la mayoría (por no decir todas) de las diferencias de sexo, por supuesto, las diferencias de estatuto social, de riqueza y de poder, pero también las diferencias llamadas «psicológicas», de aptitudes y de actitudes, entre mujeres y hombres no están causadas ni por el sexo anatómico ni por las diferencias de función en la procreación que conlleva este sexo anatómico. De hecho, el sexo anatómico solo conlleva eso: unas diferencias de función entre hembras y machos en la procreación. Por consiguiente, lo demás, denominado a menudo diferencia de sexo y también a menudo trasladado a esta diferencia anatómica, es una construcción social arbitraria. Según algunas mujeres, la razón de esta construcción social se encuentra en las diferencias de función en la procreación. Para otras, entre las que me encuentro, la diferencia anatómica sirve puramente de marcador, de signo de referencia que hace más fácil la identificación de las personas que hay que explotar. Es una postura que hoy se considera osada, pero que dentro de diez o quince años se considerará una evidencia.

Pero ya sea que se considere que el sistema de género tiene su origen en la diferencia anatómica y sus consecuencias para la procreación o, como yo, en la propia jerarquía, todas las feministas coinciden en condenar esta jerarquía. En resumen, ya se considere que el género está vinculado al sexo de manera necesaria o de manera adventicia, se considera que el género es una construcción social producida por una organización política y económica injusta y que la reproduce a la vez.

Ahora bien, la reivindicación de paridad se puede basar en un análisis en términos de género: no debe ser necesariamente esencialista.

Con todo, hay que distinguir la paridad como acceso a las funciones electivas o más generalmente a las asambleas políticas, electas o no, y la paridad como representación.

El acceso a las funciones de las que alguien ha sido apartado está perfectamente justificado en un análisis en términos de género: es simplemente el establecimiento de una política no discriminatoria y una política no discriminatoria puede y debe pasar por la acción positiva, lo que a veces se denomina una discriminación inversa. Poco importa cómo se llame: se trata en todos los casos de una acción correctiva, correctiva de una discriminación pasada, cuando el acceso estaba prohibido, discriminación cuyo efecto todavía se hace sentir; y correctiva de las discriminaciones presentes, de jure o de facto , que impiden a ciertas personas tener iguales oportunidades de acceso debido a su pertenencia a un grupo. Esta es la filosofía de la acción positiva ahí donde se practica, esta es la filosofía de las Naciones Unidas, para las cuales una acción positiva correctiva no se puede considerar una discriminación. Por lo tanto, esta doctrina contradice tanto al Tribunal Constitucional francés como a la última sentencia del Tribunal Europeo; ahora bien, las convenciones internacionales están por encima de las leyes nacionales y de las decisiones europeas, y, por lo tanto, se puede esperar que esta doctrina entre en la casa Francia y en la casa Europa.

De hecho, esta doctrina de las Naciones Unidas, que ya han adoptado Estados Unidos y Canadá, se contenta con reconocer la existencia de grupos oprimidos en la sociedad y con tomar acta de ello de manera formal argumentando que no hacerlo es prorrogar la situación de opresión.

Esta doctrina, que ha sido desarrollada por el Comité de Derechos Humanos, representa el estado más avanzado de la reflexión sobre lo que, no por azar, todavía se denomina en Francia «derechos del hombre»[2].

Por lo tanto, si bien el hecho de que algunos argumentos en favor de la paridad sean esencialistas invalida estos argumentos, no invalida la propia reivindicación en la medida en que esta se puede basar también legítimamente en otro argumentario.

1bis) Transformar la reivindicación de paridad en reivindicación de cuotas

por una parte eliminaría el obstáculo de pasar por una ley ya que, sin ofender a la justicia francesa, las cuotas de la acción positiva son perfectamente legítimas según los tratados internacionales, y, por otra parte, eliminaría la hipoteca representada desde el punto de vista feminista por la inscripción en la ley del reconocimiento del género; en efecto, esta inscripción sería paradójica desde el punto de vista de estas feministas, entre las que me cuento, para quienes la abolición del género y no su consolidación son el término último del combate.

2) Según algunos análisis feministas, la democracia moderna se basaría en la solidaridad entre hombres

basada ella misma en la exclusión de las mujeres. En la medida en que la democracia sería una institución co-extensiva con la exclusión de las mujeres, sería imposible por definición introducir en ella a las mujeres. Ahora bien, la forma en que se basa una institución puede ser estructural o adventicia. La noción de democracia no exige la exclusión de nadie ni de ningún grupo. Resulta que en las repúblicas estadounidense y francesa surgidas de la Ilustración la solidaridad entre ciudadanos se ha basado en una solidaridad entre hombres, solidaridad basada en su estatuto común de patriarcas: primero de propietarios de mujeres, de niños y de bienes ya que durante mucho tiempo la democracia fue censitaria en este país, y después solo de mujeres y de niños. Pero el abandono del censo no deshizo la república, sino que la perfeccionó. El abandono de la exigencia de que la solidaridad entre ciudadanos se base en su común posesión de una mujer (la cual, al ser objeto, no es sujeto de derecho) se puede entender ahora que el matrimonio ya no es una posesión de la mujer por parte del marido, al menos en derecho. Se puede considerar que la democracia se apoya en una exclusión: entonces hay que señalar que es paradójico que este argumento lo utilicen los adversarios de la paridad, porque este análisis debería llevar al abandono de la democracia, mascarada e ilusión, y a la reivindicación por parte de los excluidos de esta mascarada, de poderes paralelos en el mismo terreno. Pero también se puede considerar, como yo hago, que la democracia real nunca se ha ajustado a los principios que invocaba: que en cuanto se formularon estos, quienes controlaban el cuerpo político real se apresuraron a hacer excepciones de ellos de modo que se excluyera de la cosa pública, la res publica , la república, primero a las mujeres y después a los no propietarios. En este análisis lo que falla son las encarnaciones de la democracia debido a su acaparamiento por parte de una o varias clases precisas, y no sus principios. Y a pesar de todo, estos principios tiene la ventaja sobre otros principios de que permiten precisamente criticar la aplicación que se hace de ellos en la realidad. Finalmente, se cuestiona el funcionamiento de la república en nombre de los principios de esta república.

3) ¿La paridad para hacer qué?

o: «¿defenderán las mujeres los intereses de las mujeres?». Soy sensible a esta pregunta y a veces pesimista. Pero hay que considerar la alternativa: la alternativa es no cambiar nada. Ahora bien, no cambiar nada es dejar unas asambleas, y en particular en Francia el Parlamento, compuestas de hombres hasta un total de a veces un 95 %.

Las mujeres no son necesariamente feministas, pero la probabilidad de que lo sean es mayor que la probabilidad de que los sean los hombres. Por consiguiente, nada puede ser peor que la situación actual y, por lo tanto, no hay nada que perder y todo que ganar en cambiarla.

Además, hay que volver a la distinción entre acceso y representación, distinción que no se hace lo suficiente y que perjudica a las partidarias de la paridad. En efecto, unas veces estas dicen: será bueno para las mujeres, porque las mujeres no harán las mismas cosas que los hombres. Entonces se les acusa de esencialismo, de creer que las mujeres son buenas por naturaleza, o de ingenuidad, de creer que las mujeres se empeñarán necesariamente en defender los intereses de las mujeres. Si, en cambio, la mujeres dicen: «no se os promete nada», se les acusa de cinismo y se les responde: «entonces, ¿por qué íbamos a votar por vosotras?».

Creo que hay que distinguir tajantemente ambas cosas.

Las mujeres tienen derecho a ser consideradas igual que los hombres, a los que no se pide que sean feministas, y, por lo tanto, acceder a estos puestos sin que se tenga respecto a ellas unas exigencias superiores, que es la forma clásica de la discriminación: ellas deberían «merecer» aquello a lo que los demás tienen por derecho adquirido.

Además, sería mejor para el estatuto del conjunto de las mujeres que fueran elegidas unas feministas. Pero esto depende tanto, si no más, de las electoras que de las electas. Las mujeres en Francia no hacen sentir su voto, mientras que en otros países existe un voto de las mujeres, es decir, una diferencia significativa entre el voto de las mujeres y el voto de los hombres ( gender gap ), lo que demuestra que las mujeres son conscientes de tener unos intereses específicos. Este voto es lo que falta aquí. Y es que, ¿para qué servirían unas candidatas feministas si y mientras que las electoras no tengan conciencia de género o mientras no estén dispuestas a transformarla en papeleta de voto?

El falso universalismo o lo masculino neutro El retroceso identitario francés o la defensa de los privilegios

La acción positiva evoca una fuerte resistencia en Francia; solo se puede culpar de esta resistencia a la defensa de los privilegios de los grupos dominantes. Esta defensa adopta la forma de una demonización de Estados Unidos y de una idealización de Francia. La demonización de Estados Unidos se realiza por medio de una desinformación activa sobre lo que ocurre en ese país, desinformación que utiliza unas caricaturas, incluso unas invenciones puras y simples, tan grandes que provocaría risa si el conjunto de la sociedad francesa no aceptara ahora como hechos estas caricaturas y estas invenciones. En un periódico como Le Monde se leía en 1996 que en Estados Unidos «una mirada de soslayo puede llevarte a la cárcel». Oí por primera vez en 1994 en boca de un participante en un debate televisado que «hoy en Estados Unidos los hombres tienen miedo a estar solos en un ascensor con una mujer». Decía esta burrada como un hecho probado y constatado. Después lo he oído al menos veinte veces, lo que verifica el adagio de que una mentira repetida con frecuencia se convierte en verdad. Esta frase se ha convertido en un lugar común, en una verdad del Evangelio. Personas que nunca han puesto el pie en Estados Unidos o Canadá, que nunca han leído una palabra de un artículo en inglés te dicen: «yo conozco Estados Unidos y es así». Su información les llega únicamente de los periódicos franceses. Estos periódicos tienen pocos corresponsales, siempre los mismos, que siempre dan a leer lo que aparentemente los franceses quieren oír: que Estados Unidos es terrible, el país de la droga en venta libre y de una intensa represión policial, del sexo a gogó y del puritanismo, de las violaciones de menores (ya que las únicas series de televisión que trataban el problema del incesto eran hasta hace poco estadounidenses) y de los abusos de demandas de acoso sexual… En resumen, es una cosa y la contraria pero, en todo caso, es el infierno.

Los grandes intelectuales mediáticos se turnan en la televisión para denunciar los perjuicios del puritanismo y del comunitarismo estadounidense, la tumba de la democracia según ellos. Todos estos mitos y fanfarronadas no serían sino motivo de broma sobre el todavía muy vivo provincialismo francés si los autores no se inspiraran en artículos escritos por la derecha estadounidense más reaccionaria y si ellos mismos no se presentaran como progresistas aprovechándose de una reputación que ya no se merecen desde hace lustros.

Ahora bien, por el contrario, estas personas se han implicado en un dudoso combate contra lo que es más progresista en la sociedad norteamericana. Esta insensata denuncia de todo lo que es estadounidense y en particular de lo que es progresista va acompañada de la «defensa» de un modelo ideal, y que como por casualidad es el modelo francés, que nosotros somos los únicos que lo tenemos. Es muy interesante la coincidencia entre derecha e izquierda en este punto: sean cuales sean sus diferencias en otros aspectos, existe una convergencia sorprendente sobre la necesidad y la urgencia de hacer siempre y en todas partes el elogio de Francia, la patria de los derechos humanos, de la democracia, del universalismo y del camembert. Es falso histórica y factualmente (excepto en el caso del camembert). No tenemos el monopolio de las ideas generosas ni de lo demás. Pero esta manía de autobombo de los franceses va aumentando. Por ejemplo, la excepción cultural, expresión forjada durante las negociaciones del GATT, significaba que todas las producciones culturales eran una excepción del acuerdo; después, a raíz de un contrasentido colectivo y revelador, se convirtió en «la excepción cultural francesa», y luego en «la excepción francesa». El sentimiento de superioridad de los franceses nunca ha estado más marcado (Delphy, 1993). Y se va acentuando su separación del resto del mundo. Y es que cuando en la prensa extranjera se habla del excepcionalismo francés no es un cumplido. Pero los franceses lo ignoran o se burlan de ello: aun cuando se perciban, las críticas que se dirigen a Francia no moderan su autosatisfacción, todo lo contrario. No hacen sino crear un sentimiento de persecución, sentimiento que refuerza el de tener razón. Acaparamiento de valores que son de toda la humanidad, definición heroica de la nación que resiste a los ataques del extranjero, sentimiento de soledad virtuosa y combativa, lloriqueo sobre la incomprensión de la que es víctima: ¿quién no reconocería en ello los procesos mentales e ideológicos del nacionalismo?

Así, los intelectuales mediáticos seudoprogresistas son los agentes o los ecos de una forma de nacionalismo «de izquierda»: no se defiende a Juana de Arco, sino la Revolución Francesa, a la que además no ataca el «extranjero», pero tampoco se considera el fin obligado de la historia y la culminación perfecta del progreso de la humanidad.

Esta forma de nacionalismo «de izquierda» (cada vez menos diferente del nacionalismo «de derecha») va acompañada de un ataque a los grupos contestatarios: las minorías étnicas, las mujeres, los homosexuales, acusados de querer destruir la unidad nacional y el universalismo republicano. Se pueden hacer dos análisis de este fenómeno: o bien que este ataque es el verdadero objetivo de política interna que persigue este enfoque nacionalista o bien que el nacionalismo y el ataque a las «minorías» constituyen un todo indisociable, la contracción de la identidad nacional en una norma cada vez más estrecha y la lucha contra los disidentes del interior, en una palabra, la pusilanimidad cultural y el retroceso identitario son característicos del nacionalismo.

En cualquier caso, ¿qué es este universalismo del que se jactan estos defensores de la identidad francesa y que pretenden proteger contra lo que llaman las tentaciones comunitaristas de los grupos dominados (lo cual es irónico cuando se piensa en el comunitarismo de los dominantes que constituye este retroceso identitario)?

Hacia un verdadero universalismo

Este modelo que se dice universal en realidad es un falso universalismo.

Ha erigido el género en modelo dominante (fácil, puesto que era el único). Conminado por el género dominado a hacerle un sitio, en un segundo momento le dice: «Entra y haz como se hace en mi casa»: pide al dominado que se conforme a su modelo, que sea como él. Evidentemente, es imposible. Y es que los hombres solo son hombres en la medida en que explotan a las mujeres, por consiguiente, las mujeres no pueden, por definición, hacer como los hombres: a) porque no tienen a nadie a quien explotar b) porque sería necesario que dejaran de estar explotadas ellas mismas para poder estar en igualdad con los hombres c) porque si los hombres no tuvieran mujeres a las que explotar, ya no serían hombres. Por lo tanto, por definición las mujeres no pueden ser las iguales de los hombres tal como ellos son hoy porque «tal como ellos son hoy» presupone la subordinación de las mujeres. Por ello resulta infundado el miedo de algunas feministas diferencialistas a que la igualdad signifique el alineamiento de las mujeres con el modelo masculino (Delphy, 1991).

Este falso universalismo reproduce la estructura del sistema de género del que además forma parte o del que es uno de sus constituyentes, sobre todo en su forma jurídica. En el sistema de género los dos géneros no solo no son iguales sino que están jerarquizados al ser uno el positivo y el otro su contrario por definición, el negativo. Pero, además, aparte de que uno representa el bien y el otro el mal, estos dos géneros no tienen tanto espacio el uno como el otro en la definición de lo humano: las mujeres son específicas, mientras que los hombres son generales; las mujeres son diferentes mientras que los hombres son simplemente normales, lo cual es normal puesto que ellos son la norma. Esta visión del mundo, la ideología de género, impregna todas las instituciones formales e informales, empezando por el derecho. Esta visión del mundo y las instituciones en las que se basa y que la encarnan es lo que defienden aquellos que rechazan el acceso de las mujeres a la ciudadanía en nombre de lo universal, es decir, de la normalidad.

Este modelo, presente en la mayoría de los sistemas sociojurídicos y políticos occidentales, es la base que se propone para la igualdad entre sexos : es el modelo de la igualdad formal. No pone en tela de juicio la explotación patriarcal, que ignora, y lleva a un modelo que he denominado «la equidad». Se sabe que la equidad es lo que es justo y lo que es justo no es obligatoriamente igual (Delphy, 1995a). Esta filosofía, adoptada por el gobierno francés en su informe en las Naciones Unidas para la Conferencia Mundial de Pekín de 1995, dice en sustancia a las mujeres: cuando hayáis hecho todo el trabajo de la casa y a condición de que lo hayáis hecho, tendréis total libertad para consagraros a un trabajo pagado, pero no esperéis que se os remunere igual que a los hombres, que, después de todo, se pueden concentrar mejor en su carrera. Y como además será cansado, se os aconseja trabajar solo a tiempo parcial. La equidad no evita la explotación de las mujeres, que no reconoce, pero les permite pagar su deuda de diferentes maneras: en incremento de trabajo o en dinero, o en una combinación de ambas cosas. Es la explotación a la carta .

Lo que ahora defienden los partidarios de la integración a la francesa o del universalismo republicano es esta igualdad formal, generadora de equidad, es decir, de una desigualdad justa. Proponen la integración de los excluidos, entre ellos las mujeres, únicamente por medio de la ausencia de discriminación explícita, la igualdad formal.

Por añadidura, oponen esta ausencia de discriminación, que ellos consideran suficiente, a la acción positiva, que consideran discriminatoria.

La oposición entre no discriminación y acción positiva se basa en un sofisma o en una confusión: se decreta que para conseguir una sociedad igual hay que hacer como si esta lo fuera. Ahora bien, hacer como si lo fuera cuando no lo es supone perpetuar la desigualdad. Es poner en la misma línea de salida a unas personas que no tienen los mismos recursos y simular sorprenderse al constatar que no han logrado los mismos resultados al llegar a la meta.

Muchos de estos liberales, en el sentido político, se ofuscan con el hecho de que los individuos oprimidos se constituyan en grupo para llegar a la no discriminación. En primer lugar, no son los individuos discriminados quienes se han constituido en grupo o en categoría, sino que son los discriminadores quienes les han constituido en grupo o categoría. A continuación, como se les discrimina en tanto que miembros de este grupo, solo luchando juntos podrán esperar a la larga ser considerados individuos. Pero los liberales querrían que los individuos oprimidos en tanto que miembros de una categoría especificada por el grupo dominante se presenten, sin embargo, al principio de la lucha como querrían ser en la meta, es decir, como individuos.

Esto es prestar poca atención al carácter necesariamente dialéctico de cualquier combate por la inclusión en lo universal, es decir, por la capacidad de ser considerado en su singularidad de personas y no en tanto que mujer, negro, etc.

Las mujeres tienen unos intereses comunes: aunque se definan estos intereses como consistentes en la desaparición de las categorías de género, para lograr este objetivo se necesita en un primer momento la toma de conciencia de esta comunidad de intereses y, por lo tanto, el reagrupamiento. Para cualquier grupo dominado y que desee dejar de serlo es cierto que para dejar de constituir una categoría pasiva primero debe constituirse en categoría activa política. Concebir el objetivo de abolir las categorías de género como contradictorio con el medio de constituir una comunidad política de género es absurdo lógicamente pues eso consiste en decir: «para llegar a alguna parte hagamos como si ya estuviéramos ahí» (pero no es absurdo políticamente, porque seguir este consejo es garantizar que no se llega a ninguna parte, que es el objetivo que buscan quienes lo dan).

El universalismo a la francesa hace pesar sobre los grupos dominados una sospecha de objetivos comunitaristas o separatistas.

Sin embargo, en toda lógica el universalismo no es antónimo del comunitarismo, sino antónimo del particularismo en tanto que defiende derechos iguales y parecidos para todos por oposición a unos derechos categoriales. Ahora bien, este universalismo no puede existir:

si las mujeres o cualquier categoría están fuera del derecho común y todavía lo están en muchos dominios: por ejemplo, la oposición privado/público no es sino el establecimiento de derechos diferenciados y desiguales según el sexo y la edad (Delphy, 1995b);

si el sujeto de derecho del derecho común, es decir, del derecho que se supone que se aplica a todos, no es verdaderamente neutro ni universal, si en realidad está especificado, ya sea en la letra de la ley o por la doctrina o la jurisprudencia: ahora bien, el sujeto de derecho, implícito o explícito, es el hombre: se supone que su figura particular encarna lo general y, como se ha dicho antes, es lo normal y la norma.

Con relación a las exigencias de esta norma y, por consiguiente, del derecho común, las mujeres, que no son hombres, serán obligatoriamente deficientes o estarán desfavorecidas incluso en ausencia de discriminación explícita e incluso si no están sometidas a un derecho especial. La igualdad de los derechos, el verdadero universalismo, solo se puede realizar poniendo en tela de juicio la especificación oculta del sujeto de derecho universal, revelando su naturaleza sexuada, etnizada y de clase, y sustituyendo este sujeto de derecho por un individuo que pueda ser todos los individuos, que tenga en cuenta a todos los individuos. No se trata de volver a inventariar todas las idiosincrasias posibles, sino de poner en el centro del derecho al ser humano y su realización, sus necesidades, sean las que sean. Cuando para ser indemnizada una mujer tiene que demostrar que un hombre habría podido tener la misma enfermedad, esto es una versión de la igualdad que demuestra bien en qué es una impostura la llamada igualdad formal: porque aquí el supuesto universal tiene un referente , no solo de hecho sino de derecho.

Ahora bien, la especificación del sujeto de derecho no va a desaparecer por sí misma, solo desaparecerá si se trabaja activamente para eliminarla.

Conclusión

Todavía no existe el universalismo: es un proyecto (Delphy, 1995c). Y su realización pasa por la denuncia del falso universalismo. De ello se desprende que el principal obstáculo para la realización del universalismo lo constituyen quienes pretenden que ya existe.

Por una parte, porque se oponen a la denuncia del falso universalismo; por otra, porque al hacerlo (y, además, es su objetivo) mantienen la regla común (que se supone es universal) tal como es: es decir, una realidad categorial y que tiene como referente el sujeto dominante, el macho adulto y blanco, una regla que por definición desfavorece y excluye a las categorías dominadas.

Por último, porque esto tiene como resultado posible que estas categorías dominadas, cansadas de ser discriminadas sistemáticamente (es decir, por un efecto de sistema) por un derecho que se supone universal, pueden ser tentadas por el establecimiento de reglas semejantemente categoriales por sí mismas; al desesperar de encontrar justicia en la regla común, pueden renunciar a ella y pedir el beneficio de derechos específicos.

Creo que, en la medida en que estos derechos específicos dejan intacto un derecho común desfavorable para los dominados, a largo plazo no pueden aportarles la verdadera igualdad; y los derechos específicos que tienen en este momento las mujeres en Francia les son perjudiciales, aunque parezcan estar a su favor (Delphy, 1995b).

Solo en Francia la reivindicación de participación en la política adopta la forma de la reivindicación de paridad y pide que se cambie la ley como medio para lograrlo.

En otros lugares se plantean y satisfacen unas exigencias menores: las cuotas son el pan cotidiano de la acción positiva, por ejemplo, en Escandinavia, donde una política voluntarista a todos los niveles del Estado trata de acabar con la marginación de la mitad de la población.

¿Cómo, entonces, no relacionar esta radicalidad de la petición con la resistencia encarnizada de la sociedad francesa al abandono de lo masculino como norma, incluso en el lenguaje (Delphy, 1994)? ¿Es casual que esta reacción se produzca en Francia y no en Quebec, donde la existencia de mujeres en los ministerios, en los quirófanos y los talleres de artistas no se oculta mediante «masculinos neutros»?

¿Cómo no relacionar esta reivindicación con la infame sentencia del Tribunal Constitucional, el cual se ha apoderado de la propuesta de cuotas sin que se le solicitara y ha osado condenarlas justificando que eso «crearía categorías en el seno de la República»? ¡Como si estas categorías no existieran y no tuvieran un fundamento jurídico ni estuvieran creadas en gran parte por el propio derecho, en sus declaraciones y en sus silencios!

¿Cómo no relacionar el hecho de que la enconada negación de la opresión de las mujeres se disfrace de defensa del universalismo y el hecho de que únicamente en Francia se tenga que justificar la participación política de las mujeres con un argumentario diferencialista?

Si, al prohibir la acción positiva, la versión francesa del universalismo obliga a las mujeres a inscribir a las mujeres y a los hombres como dos especies distintas en la Constitución, la defensa a ultranza de sus privilegios por parte de los dominantes habrá tenido unos resultados paradójicos: aquí transformar en abismo la fisura que se obstinan en negar. Y al igual que la mala moneda expulsa del mercado a la buena[3], el falso universalismo habrá expulsado al verdadero.

Christine Delphy
7 de enero de 1996

(Este texto se elaboró para una audición en el Observatorio de la Paridad representado por Gisèle Halimi y Roselyne Bachelot el 14 de mayo de 1996.)

[Traducido del francés para Boltxe kolektiboa por Beatriz Morales Bastos.]

Referencias
Delphy, Christine (1991): «Penser le genre: quels problèmes?», en M.C. Hurtig et al., Eds., Sexe et genre, París, Editions du CNRS.

Delphy, Christine (1993): «L'affaire Hill-Thomas et l'identité nationale française», Nouvelles Questions Féministes, 14, 4.

Delphy, Christine (1994): «Le baquelache en france», Nouvelles Questions Féministes, 15, 2.

Delphy, Christine (1995a): «Egalité, équivalence et équité: la position de l'Etat français au regard du droit international», Nouvelles Questions Féministes, 16, 1.

Delphy, Christine (1995b): «L'état d'exception: la dérogation au droit commun comme fondement de la sphère privée», Nouvelles Questions féministes, 16, 4.

Delphy, Christine (1995c): «Rapports de sexe, genre et universalisme», entrevista de Myriam Lévy y Patrick Silberstein, Utopie Critique, segundo trimestre.


[1] Se refiere al Manual del soldado en campaña del ejército francés.

[2] En francés, los derechos humanos se denominan droits de l'homme [derechos del hombre].

[3] Se refiere a la llamada Ley de Gresham, uno de los pilares de la economía de mercado, según la cual cuando en un país circulan simultáneamente dos tipos de monedas de curso legal y una de ellas es considerada por el público como «buena» y la otra como «mala», la moneda mala siempre expulsa del mercado a la buena.

Inaugurado primer Centro de Atención y Formación Integral para Mujeres en Caracas

MinMujer Con el objetivo de brindar atención y acompañamiento en materia jurídica, psicológica, socioeconómica, sociopolítica y cultural a mujeres y hombres, el día de hoy fue inaugurado el segundo Centro de Atención y Formación Integral de las Mujeres, en la urbanización San Bernandino de Caracas.

“Las mujeres pueden acceder desde ya, gracias al compromiso del presidente Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana, al sistema de protección integral para las mujeres. Este es un proyecto hecho realidad y estamos seguros que con el Gobierno de Calle se garantizará la inclusión social”, aseveró la ministra para la Mujer e Igualdad de Género (MinMujer), Andreína Tarazón, quien estuvo también acompañada de la directora general del Instituto Nacional de la Mujer (InaMujer), Laura Franco.

Agregó, que estos espacios forman parte de las políticas sociales que el Gobierno Bolivariano ha venido impulsando con el fin de garantizar la equidad y prevenir las violencia de género. “Desde los centros integrales de la mujer se promueve y fortalece a las organizaciones populares, así como también se otorgará poco a poco financiamiento a proyectos socioproductivos”.

La representante de la mujer agradeció, el apoyo del alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez y la Jefa del Gobierno de Distrito Capital, Jackeline Farías, para la consolidación de este centro.

Laura Franco, directora general del Instituto Nacional de la Mujer por su parte mencionó que se podrán atender miles de mujeres que requieran de los servicios de educación, salud, formación, actividades productivas y seguridad social.

“Unas 600 preventoras y preventores comunitarios trabajarán en este centro ubicado en San Bernardino, para ofrecer talleres de formación a mujeres con especial vulnerabilidad”, indicó Franco.

Es importante destacar que el primer Centro de Atención y Formación Integral de las Mujeres fue inaugurado en el estado Zulia. Está previsto para el próximo año 2014 se creen unos 12 espacios integrales de formación como éste en diferentes estados del país.

Argentina: Madre sí o sí

La Haine Una joven salteña que sufría desde hace por lo menos dos años periódicos abusos sexuales por parte de su padrastro y que finalmente, a causa de los mismos, quedó embarazada, se presentó el 19 de noviembre junto con su madre en el hospital público Materno Infantil de su ciudad para pedir la realización de un aborto.

Sin embargo, luego de casi un mes internada a la espera de que se lleve adelante, el pasado domingo 15 de diciembre se le otorgó el alta sin interrumpir su embarazo debido a una orden judicial. La resolución la firmó el Doctor Víctor Soria, máxima autoridad del Juzgado de Familia N°1 de Salta capital al haber dado lugar a una cautelar presentada tiempo atrás por la Asesora de Menores, Claudia Flores Larsen.

Si bien en el país rige un protocolo de abortos no punibles y este caso cumplía con los requisitos elementales para obtener tal derecho -esto es, denuncia penal, abuso comprobado e informes médicos y psicológicos-, el juez no suscribió al reclamo de la víctima y de su madre y prohibió su ejecución. Además, resolvió que un equipo multidisciplinario la acompañe hasta el parto y que luego su hijo pueda ser dado en adopción.

La joven no pudo acceder, de este modo, a un aborto no punible tal como lo establece el fallo de la Corte Suprema de Justicia del 13 de marzo de 2012, según el cual en ningún caso se debe requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, los cuales los médicos deben practicar requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima o de su representante legal en la que se manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

Las críticas a un nuevo caso de violencia institucional sobre la mujer, llevado adelante en este caso por la justicia, no se hicieron esperar. Las abogadas de la familia cuestionaron a los directivos del hospital por dilatar la práctica del aborto a pesar de lo establecido por la Corte Suprema sobre el derecho a detener el embarazo cuando éste es resultado de un hecho de violencia sexual.

Asimismo, la activista por los derechos de la mujer -y recientemente electa senadora por el Partido Obrero de Salta-, Gabriela Cerrano, fue más allá aún y cargó contra las autoridades políticas locales al indicar que hubo intromisión gubernamental en el caso y que “hay una decisión política para que ocurran estas irregularidades”. Recordó a su vez que en el hospital la niña sufrió durante todo este mes la visita de párrocos que “les mostraban fotos de abortos y fetos” con la intención de “convencerla” para cambiar de decisión.

Por su parte, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo -INADI-, cuestionó al juez con un duro comunicado en el que: “manifiesta su profunda preocupación y malestar por la decisión del Juez de Familia Nº 1 de la Provincia de Salta, Víctor Soria, de impedir que se realice un aborto no punible, en contra de la decisión de una menor víctima de violación y de su madre”. Para el Instituto: “la decisión del Juez de suspender el aborto no punible de esta adolescente de 14 años, violada y golpeada desde los 12 años por su padrastro y de disponer, mediante medida cautelar, que un equipo multidisciplinario la acompañe hasta el parto y luego dé su hijo en adopción, desconoce, niega y vulnera el derecho de la víctima a decidir sobre su propio cuerpo. El juez se arroga facultades que son inherentes a la víctima, vulnerando su derecho a la dignidad y a la integridad personal, y agrega al ataque que recibió la niña la “violencia institucional” ejercida por el poder judicial, tal como la define la Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Finalmente, la madre de la víctima fue tajante en su respuesta y los posibles caminos a seguir: “Yo no voy a obligar a mi hija a seguir con algo que no quiere”, dijo.

Ya sabemos cuál es el sendero al cual la sociedad arroja a centenares de mujeres anualmente debido a resoluciones judiciales como esta y a la continua dilatación del tratamiento legislativo de esta problemática.

www.marcha.org.ar

España: Las mujeres hacemos sindicalismo

Tamara Ruiz

Periódico En lucha / Diari En lluita Aunque las mujeres suponen la mitad de la fuerza de trabajo en el Estado español, y a pesar de que el nivel de afiliación femenina ha ido aumentando a medida que aumentaba su presencia en el mercado laboral, las mujeres aún siguen teniendo una tasa de afiliación menor que los hombres, de un 14,8% frente al 17,8% de los hombres en el 2010, según la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo.

Además, la proporción de mujeres entre los representantes sindicales también es menor que en el caso de los compañeros en relación a su nivel de afiliación. Pese a que el número de delegadas sindicales ha aumentado en los últimos años, hasta llegar al 35% en 2011, éstas siguen siendo minoría en todos los sectores, incluso en aquellos más feminizados. Y aún es más escaso el número de mujeres que participan en la negociación colectiva o que ocupa los puestos de mayor responsabilidad dentro de los sindicatos, como pueden ser las secretarías generales o las de acción sindical, quedando en muchos casos relegadas a los puestos de las áreas de la mujer.

Esta menor presencia de las mujeres en la estructura de los sindicatos no es más que el reflejo de la situación de desigualdad de la que parten, producto de una mayor precariedad laboral y de las dificultades que suponen para muchas tener que compaginar la doble jornada laboral, dentro y fuera de casa, con las tareas del sindicato, lo que les dificulta enormemente poder participar más activamente en el día a día de la organización.

Sin embargo, más allá de la escasa presencia femenina en la estructura de los sindicatos, lo cierto es que las mujeres han protagonizado importantes huelgas y luchas sindicales a lo largo de la historia, pero que al igual que ocurre hoy día en numerosos conflictos laborales en los que participan, en ocasiones su papel no se visibiliza lo suficiente. Un ejemplo de ello es la huelga que iniciaron las trabajadoras de la industria textil de San Petersburgo que acabó desembocando en la revolución de febrero de 1917 o, más recientemente, la ola de huelgas que comenzaron las trabajadoras de una fábrica de Mahalla en Egipto, en diciembre de 2006.

Tamara Ruiz (@tamyson_rr) es militante de En lucha / En lluita

España: Los ataques a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer: una forma de violencia machista

Iniciativa Comunista Si partimos de la base de que el sistema capitalista se dota del modelo familiar burgués por el cual las mujeres somos una pieza fundamental para la reproducción de mano de obra trabajadora, se entiende que el cuerpo de la mujer cumple un papel esencial para el sistema.

El patriarcado se consolida con la propiedad privada de los medios de producción, en el que la división sexual del trabajo define a los hombres como propietarios de los medios, y la libertad sexual de las mujeres pone en peligro este modo de producción a causa de la herencia.

En la llamada “época de bonanza” se aprovecho nuestra mano de obra barata para deteriorar las condiciones laborales de la clase trabajadora y de esta manera rebajar los salarios hasta equiparar los ingresos familiares para poder sobrevivir. En la actual crisis del capitalismo quieren relegarnos al cuidado del hogar puesto que quieren que seamos nosotras las que soportemos la carga de los recortes sociales. Es por esto que no es mera casualidad que quieran condicionar nuestros derechos sexuales y reproductivos, porque en definitiva, no quieren que nosotras tomemos las riendas de nuestra vida.

En este sentido, la reforma de la ley del aborto que pretende llevar a cabo Gallardón en connivencia con la iglesia católica, no solamente supone un ataque virulento hacia las mujeres, sino que representa la posición de control que quiere ejercer el sistema contra nosotras.

Si la todavía ley del aborto no deja de ser restrictiva para las mujeres de menores recursos económicos dada la poca facilidad que hay en el sistema público de salud, con el agravante de la retirada de la tarjeta sanitaria a las inmigrantes, la reforma de la ley del aborto va a crear aun más dificultades a las mujeres de la clase obrera.

Esta ley pretende un retroceso que recuerda a la época franquista y que puede tener serias consecuencias con la práctica del aborto clandestino. Los datos son turbadores, según la propia Organización Mundial de la salud, 47000 mujeres mueren cada año por interrumpir su embarazo de forma clandestina y la mayoría de ellas en países con leyes restrictivas. Además, el número de abortos no disminuyen cuando se promueven leyes antidecisión. Ya en el año 1976, en el estado español, según los datos del propio ministerio de justicia, se producían 100.000 abortos clandestinos y morían entre 200 y 400 mujeres al año.

Quienes nos quieren negar el derecho al aborto libre y gratuito, no hacen más que promover su clandestinidad, condenan a muerte a las mujeres más empobrecidas y niegan la condición social a las mujeres, imponiendo la ideología patriarcal en el que las mujeres tenemos que ser sumisas ante el pensamiento dominante.

A esto hay que sumarle la exclusión de lesbianas y mujeres solteras de los tratamientos de inseminación artificial de la sanidad pública, siendo un ataque virulento a la libre decisión de las mujeres a la maternidad y una discriminación al colectivo LGTBI, ya que las obligan de facto a mantener relaciones heterosexuales para conseguir quedarse embarazadas.

No menos importante a pesar de su invisibilidad es la violencia sexual ejercida por el hombre dentro del seno familiar enmarcado en los patrones de dominación patriarcal, resaltando que una de las formas de violencia de género es el control del cuerpo de la mujer. En este sentido no debemos de olvidar que la mayor parte de las violaciones sexuales se producen dentro del seno familiar. En las relaciones de pareja donde existe violencia de género y patrones de dominación es donde la mujer sufre porcentualmente más violaciones.

Se añade la dificultad de la mujer para ser consciente de la violación, ya que al estar dentro de un contexto afectivo, los límites se encuentran más difusos. En este sentido es indispensable la formación de las y los profesionales ante esta situación y que también las organizaciones políticas y sociales sean conscientes de ello.

Las mujeres debemos exigir que se nos reconozca la capacidad para decidir sobre nuestras vidas y la soberanía sobre nuestros cuerpos.

Pero el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos debe también de ir acompañado del libre acceso a métodos anticonceptivos, a una educación sexual de calidad, laica y liberadora de la mujer que la permita controlar su salud sexual.

La lucha por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y en definitiva, por nuestra emancipación como mujeres, debe ser de carácter continuo para no permitir que haya ni una sola concesión a todos aquellos que promueven la ideología patriarcal. Nuestra lucha no es solamente la lucha por nuestros derechos como mujeres, sino la lucha por el fin del capitalismo que nos explota y nos quiere confinar en el hogar sin ningún tipo de derechos.

Mientras que exista el control sobre nuestros cuerpos, existirá la violencia de género porque lo que pretenden es que seamos sumisas y obedientes ante los ataques del estado.

Solo nosotras tenemos la capacidad para enarbolar la lucha por nuestros derechos como mujeres, y eso solamente lo lograremos juntas y dando la batalla cada día con más fuerza, denunciando la alianza entre patriarcado y capital y señalando a quienes la promueven.