miércoles, febrero 26, 2014

Venezolanas y Latinoamericanas contra la violencia fascista

Alba Carosio

Si el miedo y la destrucción son las principales fuerzas emocionales del fascismo, eros pertenece principalmente a la democracia.

Theodor Adorno: La personalidad autoritaria, 1950

La ideología fascista, se caracteriza por organizar opiniones, actitudes y valores, en torno al prejuicio, contra los diferentes, aunque no en contra todos ellos o ellas, sino contra quienes no tienen poder o son débiles. Prejuicios son las actitudes negativas hacia quienes pertenecen a un grupo, simplemente por su pertenencia. En Venezuela, se viene haciendo un trabajo mediático y de formación para desarrollar sobre todo en las capas medias de la población altas dosis de prejuicios contra las personas de las capas más pobres, que constituyen la base social principal del chavismo. No solamente se las presenta como flojas y culpables de su pobreza, sino principalmente como peligrosas; como tales califican a sus “colectivos”, nombre con se identifican organizaciones de sectores populares, que destacan con este término la visión comunitaria que los anima. Y a su vez se presenta a la Revolución Bolivariana, que ha puesto los recursos petroleros al servicio del pueblo, logrando bajar los niveles de desigualdad, como la enemiga a vencer.

A partir de esta visión, se viene inoculando en la población ideas y sentimientos victimistas y revanchistas, a partir de los cuales resulta sencillo conducir y justificar la furia y la agresión. Se apela a una emotividad, que legitima la renuncia a las consideraciones morales de defensa de la vida. El cultivo del miedo, y el odio consiguiente, es herramienta privilegiada de EEUU, y su aspiración de control ilimitado de la nación venezolana y Latinoamérica toda. En los últimos tiempos, Venezuela se ha plagado de “propaganda negra”, rumores que se desperdigan para que actúen por sí solos, y mentiras que se inyectan en los medios, para que vayan actuando y creando las condiciones subjetivas que alimentan la violencia. Mientras por otro lado, el financiamiento imperial e interno fluye hacia los grupos más radicales de la oposición a la revolución, impulsando de manera muy concreta las acciones de violencia en la calle.

Claras estamos las mujeres organizadas venezolanas sobre el desenvolvimiento actual de un golpe suave, lento o continuado, se trata en resumen, de derrocar al gobierno y restaurar los modelos socioeconómicos y políticos del pasado, con sus élites negadoras del pueblo y entregadoras de la soberanía. Por esto, marchamos el sábado 22 de febrero contra la violencia fascista. Desde nuestra Red de Colectivos La Araña Feminista sostenemos que “Hoy más que nunca reivindicamos la organización popular, el trabajo en colectivo, las organizaciones feministas, la construcción del nuevo Estado Comunal desde las bases, como la mayor fortaleza que tiene la revolución bolivariana. Contra el capitalismo patriarcal y el fascismo, nuestro poder no está en las armas o en las bandas de motorizados que sabemos paga la oposición y que usurpan nuestras banderas y símbolos de lucha, sino en nuestra capacidad de soñar, crear y defender nuestro sueño de una patria/matria feminista libre y soberana que no tenga fronteras en el continente Nuestroamericano”.

Y las feministas latinoamericanas, nos acompañan y fortalecen con su solidaridad. Las integrantes de la Marcha Mundial de Mujeres denuncian que las acciones generadas por opositores internos e internacionales evidencian, cada vez más, una estrategia que anuda viejas y nuevas formas de violencia buscando implantar un ambiente de guerra contra el pueblo. En ella, se combinan la violencia económica, que se despliega con especulación y acaparamiento; la violencia política y social, en forma de desestabilización desconocedora de la voluntad expresada en elecciones; la violencia mediática, que genera desinformación con falsas imágenes sobre la sociedad venezolana; la violencia armada, a través de grupos radicales y paramilitarismo urbano y violencia imperialista que intenta una vez más poner fin a la Revolución Bolivariana y los procesos de integración alternativa en Latinoamérica.

Por su parte, las investigadoras del Grupo de Trabajo CLACSO “Feminismos, transformaciones y propuestas alternativas en América Latina y el Caribe” piden ¡Alto a la violencia golpista en Venezuela! y exigen que las instancias regionales e internacionales cumplan su mandato de garantizar la autodeterminación del pueblo bolivariano, el respeto a sus autoridades electas, y defender los derechos humanos de cada habitante en Venezuela.

Más de 40 organizaciones feministas e individualidades de toda Nuestra América comprometidas con las luchas que las mujeres, las disidencias sexuales, y nuestros pueblos vienen realizando contra todas las opresiones, contra el racismo, el colonialismo, el patriarcado, y las dictaduras del capital, nos expresaron su solidaridad frente a un nuevo ataque fascista contra la revolución bolivariana. Nos hicieron saber que Venezuela no está sola, y nos acompañan en la lucha contra quienes quieren quebrar la fuerza del poder popular, y por la continuidad de la construcción del socialismo feminista.

domingo, febrero 23, 2014

La unidad patriótica y revolucionaria, más que una consigna es una necesidad histórica

Luis R Delgado J

Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. ¡Esa debe ser nuestra divisa! Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mí amada Milicia. ¡La unidad, la unidad, la unidad!
El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el Gran Polo Patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas. ¡Unidad, unidad, unidad! ¡Unidad!...

Hugo Chávez Frías, 08/12/2012

Estamos viviendo una coyuntura política dinámica y conflictiva, la lucha de clases se ha agudizado en nuestro país, lo cual se expresa en la llamada guerra económica-psicológica y las más recientes expresiones de violencia foquista, ambos procesos articulados en una estrategia insurreccional. 

El imperialismo y la oligarquía parasitaria local no cesan en su empeño por derrocar al Gobierno Bolivariano. Aun cuando han sido derrotados en diversos escenarios, las fuerzas más reaccionarias no aceptan la construcción de un nuevo orden, y es comprensible, no aceptan renunciar a los privilegios que secularmente han disfrutado.

Los dominantes a nivel planetario, pretenden saldar la enorme crisis que hoy sufre el capitalismo a costa del sacrificio de los pueblos trabajadores, de los pueblos oprimidos. El poder estadounidense, ve en Venezuela una fuente segura de hidrocarburos, de minerales, de agua dulce y otros recursos naturales susceptibles de ser mercantilizados y explotados en función de acrecentar la acumulación de capitales. Para el imperialismo somos un mercado cautivo, somos millones de personas a los cuales hay que explotar eficazmente su fuerza de trabajo.

Por esta razón, y aprovechando la difícil coyuntura que viene sufriendo el país a partir del lamentable fallecimiento del Comandante Chávez, el imperialismo con sus lacayos internos se han lanzado con ferocidad a retomar el poder político del país, y para ello vienen combinando todas las formas de lucha. Guerra económica y psicológica, guarimbas violentas y cerco mediático internacional, son las principales acciones que se vienen desarrollando para justificar una intervención extranjera contra la Patria.

Frente a esto, el Gobierno ha contenido todas estas acciones respetando el marco jurídico y los Derechos Humanos, se le ha dado continuidad a las políticas sociales y se han tomado medidas para ir estabilizando progresivamente la situación económica. Esto ha permitido entre otras cosas, derrotar a la oposición en dos procesos electorales. Sin embargo, la conspiración contra la Revolución Bolivariana prosigue.

Es por ello que hoy la más amplia y disciplinada unidad patriótica y revolucionaria es absolutamente necesaria. No es momento de sectarismos, no es momento de debates subalternos, hoy está en riesgo la patria de Bolívar y Chávez, hoy está en riesgo la construcción socialista, y frente a esto debemos cerrar filas todo el bloque histórico que ha sostenido este proceso revolucionario durante estos últimos 15 años.

Todas y todos debemos apoyar de forma irrestricta al Gobierno Bolivariano, al Presidente Nicolás Maduro Moros. Todas y todos debemos aportar a la construcción del Poder Popular en todas las trincheras que estemos. Todas y todos con nuestra práctica debemos apuntalar una nueva conciencia, un nuevo sentido común que haga irreversible el proceso de construcción del socialismo y la independencia patria. 

No debemos olvidar estas palabras premonitorias del Comandante Chávez durante su última alocución al pueblo venezolano:

No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria.

Andreina Tarazón: “Las mujeres nos hemos convertido en las guardianas del legado del Comandante Chávez”


MinMujer “Presidente Maduro aquí estamos las mujeres trabajadoras, obreras, universitarias y guardianas del legado de Chávez marchando y apoyando las políticas de igualdad social que impulsa la Revolución Bolivariana”

Así lo expresó la Ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, a su llegada al Palacio de Miraflores tras la movilización que se llevó a cabo hoy desde la Plaza Morelos de Bellas Artes.

La encargada de la cartera de la cartera de la Mujer y también Superintendenta Nacional de Precios Justos, dijo que gracias al pueblo heroico venezolano se ratifica que el camino que va a seguir utilizando la revolución es el de la paz y la democracia.

Asimismo le exigió respeto a la oposición y aseveró que mientras Nicolás Maduro esté en la presidencia, permanecerá la lucha por la dignificación de los más pobres. “Les pedimos respeto a esos sectores minoritarias de la política podrida de la derecha, el pueblo le dio su voto al presidente obrero Maduro, los burgueses no entienden que ésta revolución llegó para quedarse”, aseveró.

“Hasta cuando el pueblo venezolano pacifico tendrá que soportar la soberbia de un grupito minoritario que pretende violentar la democracia sigamos abonando el camino de la moral”.

Al mismo tiempo Tarazón reiteró que Maduro no claudicará frente a la burguesía, ni frente al imperialismo, “deploramos la violencia y en un esfuerzo de humildad nuestro presidente llamó a los alcaldes y gobernadores opositores a entablar un dialogo, sin embrago ese llamado fue una patada a la mesa y al darle una patada se le dio un golpe al corazón del pueblo”.

Por último hizo un llamado a las mujeres que no apuestan por este modelo de país a que reflexionen y no se hagan eco de la violencia.

Las mujeres venezolanas marcharon contra el fascismo golpista

CORTESÍA NOTICIAS 24

jueves, febrero 20, 2014

Movimiento de mujeres por la Paz y la Vida invita a movilización en rechazo a la violencia machista, fascista e imperialista


MinMujer Desde el salón Argelia Laya de la sede principal del Instituto Nacional de la Mujer (InaMujer), la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género (MinMujer), Andreína Tarazón convocó a todas las mujeres de la Patria a la gran marcha contra la violencia machista, fascista y la agresión imperialista que se ha desarrollado en el país.

Tarazón durante la rueda de prensa expresó que “el movimiento de mujeres por la paz y la vida realiza un llamado nacional a la paz y al cese de la violencia que lamentablemente ha ocupado diferentes regiones de nuestro país, producto de actos vandálicos de grupos fascistas que se niegan a asumir la vía de la democracia y la paz”, sentenció.

“Les hago un llamado a todas las mujeres a asumir la paz y la vida como elemento fundamental para abrir camino a las políticas que viene impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro para transformar la sociedad”, agregó la representante del MinMujer.

En la actividad intervino la diputada a la asamblea nacional por el estado Aragua, María León quien aseguró que “aquí hay un movimiento revolucionario gracias a nuestro comandante Hugo Chávez, que dedicó su vida a reivindicar a las mujeres. Somos las más agradecidas porque son nuestros hijos quienes reciben los beneficios de la Revolución”.

Por su parte Blanca Eekhout, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional resaltó “Con nosotras no van poder ya que somos las mujeres e hijas de Chávez, mientras a ellos los mueve el odio a nosotros nos mueve la paz”.

Finalmente Eekhout resaltó “nosotros creemos en el socialismo bolivariano, que es feminista, afrodescendientes, indígena, chavista y profundamente antiimperialista”.

Cabe destacar que la actividad contó con la participación de 50 mujeres representantes del movimientos de mujeres por la Paz y la Vida, con el fin de invitar a la gran movilización que se desarrollará este sábado a partir de las 9:00 am, desde la Plaza Morello hasta llegar al parque Ezequiel Zamora (El Calvario) de la ciudad de Caracas.

sábado, febrero 15, 2014

Condenamos al fascismo en todas sus expresiones...



Desde el Colectivo Feminista Género con Clase, como militantes venezolanas por un país y un mundo sin patriarcado y sin capitalismo, nos pronunciamos contra el más reciente ataque fascista que viene sufriendo nuestro país de mano de las fuerzas oscuras de la derecha nacional e internacional.

Nuevamente el imperialismo y sus lacayos internos pretenden desconocer nuestro sistema democrático de derecho y de justicia. Nuevamente las fuerzas reaccionarias pretenden tomar atajos violentos para tratar de dar al traste con la Revolución Bolivariana y el Gobierno del compañero Presidente Nicolás Maduro Moros.

Lo que no han podido hacer con los votos pretenden hacerlo con la violencia irracional. Es evidente que los disturbios registrados en Venezuela en los últimos días responden a un plan insurreccional preparado con antelación. Nos vienen mostrando las expresiones más perversas de un fascismo que se ha incubado en los últimos años producto de una guerra mediática y psicológica sin cuartel. Pretenden generar un conflicto entre hermanos y hermanas para justificar una intervención directa del imperialismo.

Por estas razones, el Colectivo Feminista Género con Clase, condena y repudia enérgicamente estas acciones de la derecha fascista venezolana aupada por fuerzas criminales del imperialismo y la ultraderecha latinoamericana.

Denunciamos el cerco mediático y la campaña de desinformación que internacionalmente se está adelantando para justificar una agresión contra Venezuela.

Como feministas condenamos al fascismo por reaccionario y patriarcal.

Como feministas respaldamos plenamente el Plan Nacional por la Paz y Convivencia.


¡El fascismo y el imperialismo no pasarán!

¡Viva la Revolución Bolivariana!

¡Viva el Socialismo Feminista!

miércoles, febrero 12, 2014

Un diagnóstico de la violencia hacia las mujeres en América Latina

Mariana Fernández Camacho

COMUNICAR IGUALDAD- Pasaron diecinueve años desde la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará) y trece desde que las personas que dirigen el mundo se comprometieron a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015. Sin embargo, al momento sólo un tercio de 32 países de América latina y el Caribe cuenta con un plan nacional específico para abordar la violencia contra las mujeres y se percibe un aumento en la magnitud, gravedad y ensañamiento de las expresiones violentas. Así lo confirmó el informe El Compromiso de los Estados: Planes y políticas para erradicar la violencia contra las mujeres en América Latina y el Caribe, que a fines de noviembre del 2013 publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en colaboración con ONU Mujeres.

Se trata del mapeo, sistematización y análisis de la respuesta institucional en la región a un problema social que traspasa fronteras, culturas y estratos sociales y económicos y que las mujeres vivimos diariamente en las calles, en las escuelas, en nuestros trabajos y, cada vez más, en nuestros propios hogares.

“Creemos que los avances en los últimos años han sido relevantes pero insuficientes. La mayoría de los países (78%) tienen un plan o política que aborda esta violencia, aunque solamente en un tercio de ellos se trata de planes específicos. La consecuencia es que se difumina el problema y la respuesta del Estado. Queda como un eje más, a veces marginal de la acción pública. Por eso consideramos que la magnitud del tema requiere de los Estados un mejor abordaje institucional, más holístico e integral”, explica Neus Bernabeu, especialista del Área Práctica de Género en el PNUD.

A paso firme

El informe hace hincapié en la institucionalización de nuevas y mejores prácticas, más inclusivas y participativas, que impactan en el diseño y desarrollo de las políticas y/o planes nacionales de igualdad de género y luchan contra la violencia hacia las mujeres. Varios datos confirman estos logros. Por ejemplo: el 87% de las leyes nacionales analizadas tipifican la trata, el tráfico de personas y la prostitución forzada; el 97% de los países aprobaron leyes contra la violencia doméstica; los 32 países (es decir, el 100% de la muestra) implementaron campañas de prevención, sensibilización, promoción, divulgación y/o fomento de actitudes, valores y prácticas de respeto a los derechos humanos y a una vida libre de violencia contra las mujeres; en todos se penaliza la violencia sexual y física, y se crearon espacios de atención médica, psicológica, emocional y económica a mujeres víctimas.

Suenan esperanzadoras también las responsabilidades y funciones compartidas entre el Estado y la sociedad civil que comienzan a notarse, al igual que las estrategias de articulación interjurisdiccional. Para Bernabeu, la tendencia es positiva: “En la mayoría de los países observamos diferentes grados de descentralización/desconcentración que traen ventajas para la implementación de los planes contra la violencia. Se puede mencionar que abren oportunidades de participación con actores sociales e instituciones del territorio, generan sistemas de réplicas y se fortalece la institucionalidad local”.

El único país que parece no hacerse eco de los nuevos aires es San Vicente y las Granadinas, y en Barbados y en Surinam la violencia figura dentro de otra política general. Ivonne Urriola, del equipo regional de género del PNUD, da cuenta de esta particularidad caribeña: “Erradicar la violencia contra las mujeres es un tema que va ganando relevancia en toda la región, pero este análisis nos muestra que algunos de los problemas reincidentes son más profundos en los países del Caribe anglófono. Un ejemplo es la debilidad de los sistemas de información: hay menos datos disponibles y de peor calidad, y eso dificulta los análisis sobre el tema y el poder orientar adecuadamente la respuesta del Estado para eliminarlo”.

De cal y de arena

Según el informe, en el contexto regional actual la mayoría de los países están realizando importantes esfuerzos para la elaboración de nuevas políticas que aborden la violencia contra las mujeres. Incluso, en algunos estados de la región, estos avances permitieron procesos más amplios de reforma y modernización del Estado, plantearon redefiniciones en la relación con la sociedad civil, y abrieron nuevos debates, demandas y agendas. Sin embargo, todavía persisten nudos críticos que afectan la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y planes contra las violencias.

Entre otros, se enumera la escasa voluntad y de apoyos políticos de las instituciones gubernamentales rectoras de las políticas públicas; una insuficiente asignación de recursos financieros; cambios frecuentes en las gestiones y altas tasas de rotación de los equipos encargados de las políticas; y sistemas débiles de información: solo el 62,5% de los países estudiados avanzaron en la creación de mecanismos confiables para medir la violencia contra las mujeres.

A esta altura del campeonato, para Urriola resulta inconcebible andar a tientas: “Este es un tema gravísimo en la región, pues sin buena información es difícil poder hacer buenos análisis y llevar adelante políticas que atajen este problema. Seguimos usando datos generales o antiguos, proyecciones que nos plantean panoramas preocupantes, porque no contamos con buenos datos en la mayoría de los países, continuos, comparables, que aborden las diferentes aristas del problema. Es inaudito que, después de tantos años y con tantas capacidades generadas en otros ámbitos estadísticos e institucionales, sigamos en muchos países en el tema de la violencia contra las mujeres en el mismo punto: sin saber, sin analizar, sin comprender, y por lo tanto, haciendo sin tener un diagnóstico real del problema”.

Resalta también el aumento en la gravedad y el ensañamiento de la violencia contra las mujeres, pese a que el compromiso incansable de diversas organizaciones logró que el tema saliera de los márgenes para entrar en la agenda pública de varios países de la región. Es que la magnitud del problema se va complejizando y se entrecruza con nuevas expresiones de violencia de género, tales como el crimen organizado, el narcotráfico, el acecho por internet y los fenómenos migratorios entre otros nuevos blancos de ataque. Para colmo, el análisis regional confirma que sólo 11 países incluyen al ámbito público dentro de la protección de sus Estados, mientras en la mayoría persisten legislaciones ocupadas únicamente del ámbito familiar, intrafamiliar o doméstico.

ALG4Otra de las deudas de las políticas y planes nacionales analizados tiene que ver con que todas formulan objetivos y estrategias para abordar los ejes de prevención y atención, pero los porcentajes de acción bajan notoriamente cuando se trata de sancionar (58%) y de reparar (40%) la violencia. Queda en evidencia que todavía faltan medidas encaminadas al empoderamiento económico, la reintegración social, el acceso a una vivienda y a un empleo estables, y el fortalecimiento de las capacidades y de la fuerza emocional de aquellas que padecen violencia para tomar decisiones autónomas.

¿Si se estimula la denuncia pero luego no existen los instrumentos para proteger y reparar los derechos vulnerados y los daños morales se cae en una revictimización de las mujeres? Así responde Bernabeu: “Es cierto que la respuesta estatal se concentra sobre todo en los primeros ejes del abordaje (prevención y atención) y más recientemente en sanción y reparación. Por eso uno de los tres pilares de la Campaña del secretario general es precisamente decir ALTO A LA IMPUNIDAD, y eso pasa porque las mujeres que sufren violencia puedan acceder a la justicia, por sancionar a los victimarios y por establecer programas de reparación. Solo de esa manera podremos decir que una sociedad tiene tolerancia cero a la violencia contra las mujeres”.

Ambientes favorables

Para desatar los nudos encontrados, PNUD y ONU Mujeres finalizan la publicación con una descripción de las condiciones institucionales que permitirían crear ambientes favorables para la implementación de planes o políticas que hagan frente a la violencia contra las mujeres. Una suerte de recomendaciones para la acción.

Identificar las oportunidades para incluir esta lucha en las agendas políticas aparece como clave, sobre todo durante la gestión de gobiernos progresistas o mientras se dan procesos de reforma o modernización de los Estados. En ese marco, un punto de partida posible es crear un mapa de actores con quienes abrir canales de diálogo y crear redes y alianzas que posibiliten el trabajo colaborativo. Sin embargo, se hace referencia también a la importancia de que los planes nacionales no queden a merced de vaivenes políticos.

La falta de partidas presupuestarias suficientes debe, necesariamente, constituir otra de las preocupaciones para las autoridades nacionales de los países de la región; y los ejercicios de costeo de la violencia es una de las herramientas de incidencia conveniente para tener mayor claridad de los recursos a utilizar. Asimismo, se menciona fortalecer enfoques integrales en los planes y políticas, y robustecer a las instituciones gubernamentales rectoras. Tampoco queda afuera el foco sobre las capacidades de los cuadros políticos y operadores técnicos de la administración pública en pos de una implementación más eficaz y eficiente de los planes nacionales integrales.

Las políticas públicas surgen para dar respuestas a problemas o a situaciones que demandan atención, y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad. En 2012, dos de cada tres mujeres fueron asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres, y entre el 17% y el 53% de las concubinas o casadas de doce países latinoamericanos denunciaron haber sido violentadas sexual o físicamente por su compañero. Los números no aflojan. Sigamos gritando basta. De nuestro ruido depende.

Chile: Nuevo gabinete con alta participación femenina

Tamara Vidaurrázaga

(SEMlac).- La recién electa mandataria Michelle Bachelet presentó su gabinete, en el cual destaca la cantidad de mujeres y la incorporación de representantes de los nuevos partidos de izquierda que integran la coalición que la sustenta, como el Partido Comunista.

Una de las sorpresas fue la designación de Claudia Pascual en el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), quien es la primera militante comunista en llegar a un ministerio luego de más de 40 años, cuando Salvador Allende gobernaba con la Unidad Popular.

Pascual señaló que "este cargo significa para mí un orgullo y un desafío enorme" y aclaró que resolverá prontamente su situación por la Concejalía que ocupa actualmente en la Municipalidad de Santiago, para la cual fue electa con la primera mayoría de esta comuna.

El nombramiento de Pascual ha sido muy bien recibido por el mundo de la izquierda y, especialmente, por el movimiento de mujeres y feminista, dado que es una activista reconocida que tiene larga data participando en acciones en contra de la violencia hacia las mujeres. Claudia Pascual fue, además, la encargada de los temas de mujeres y género en el comando de Bachelet.

Gloria Maira, vicepresidenta del partido Izquierda Ciudadana, quien también integra la Nueva Mayoría de Bachelet, indicó a SEMlac: "Al fin tenemos una activista como Ministra del SERNAM, en un período donde habrá transformaciones importantes y donde las mujeres tendremos mucho qué decir".

Ella es feminista, integrante del movimiento de mujeres y una mujer de izquierda y militante, es lo mejor que podría haber pasado para este Ministerio, añadió.

Claudia Pascual es antropóloga social de la Universidad de Chile, donde fue dirigente estudiantil, ha sido dos veces electa concejala de Santiago y, actualmente, integra la Comisión Política del Partido Comunista.

Para el período, Bachelet se comprometió, entre otras cosas, a despenalizar el aborto bajo tres causales: inviabilidad fetal, peligro para la vida de la madre y violación, lo que sería un avance para las actuales condiciones de aborto ilegal en todos los casos.

Si bien el gabinete no fue exactamente paritario, como el primero presentado por Bachelet en su período anterior, las mujeres alcanzan casi el 40 por ciento de los nombramientos, al ser nueve en comparación con 14 hombres.

Ellas se concentran en los ministerios sociales: Trabajo (Javiera Blanco), Salud (Elia Molina), Vivienda (Paulina Saball) y Desarrollo Social (María Fernanda Villegas). También fueron nombradas en ministerios tradicionalmente ligados a lo masculino, como el caso de Aurora Williams en Minería.

Un cargo relevante que ha quedado en manos de una mujer es el de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la dirección de la demócrata cristiana y actual senadora Ximena Rincón, cuya responsabilidad vincular a la presidencia con el parlamento, espacio en el que tiene amplia experiencia.

La Izquierda Ciudadana, partido que junto al Partido Comunista y otras organizaciones, significaron la ampliación desde la otrora Concertación a la actual Nueva Mayoría; también está representada en el nuevo gabinete, con Víctor Osorio a la cabeza del Ministerio de Planificación Social.

Un cargo sobre el que se generan muchas expectativas es el Educación, tema que ha movilizado a la ciudadanía en los últimos tres años y sobre el cual Bachelet se comprometió con la educación pública gratuita universal tras una amplia reforma tributaria.

En este cargo se nombró al economista Nicolás Eyzaguirre, lo que genera dudas respecto a su compromiso con el movimiento estudiantil, aunque desde la Nueva Mayoría y la derecha se ha visto como un nombre serio para el trabajo en este ámbito.

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido derechista que integra la Alianza por Chile, Patricio Melero, señaló: "esperamos que este sea un gabinete que dialogue con la oposición, que busque la mayor cantidad de acuerdos (...) como oposición, actuaremos con justicia, pero también defendiendo nuestros ideales".

Agregó que "será un gabinete que tendrá que enfrentar temas clave para el país", al referirse específicamente al nuevo Ministro de Relaciones Exteriores que tendrá que implementar el fallo de La Haya respecto a un territorio marítimo disputado con Perú; y al Ministro de Educación, quien deberá encarar "el desafío mayor".

Mujeres indígenas se posicionan ante procesos globales para construir agenda mundial

Servindi El documento Posicionamiento Político y Plan de Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo fue difundido esta semana por el comité organizador de la Conferencia Global de Mujeres Indígenas. El evento se realizó en octubre de 2013 en Lima, Perú.

El documento se adopta como plan de incidencia rumbo a la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas, Cairo+20, Beijing+20 y la Agenda de Desarrollo Post-2015. Todos estos procesos se promueven desde el seno de las Naciones Unidas para construir una nueva agenda mundial.

El documento de 25 páginas contiene tres secciones principales: Posicionamiento político, Estrategias de Acción y Ruta de Incidencia.

“Las mujeres indígenas debemos participar de todas las mesas de diálogo y espacios de toma de decisión respecto de estos asuntos y todos los temas que nos conciernen y al derecho de participación política que nos asiste”, sostuvo el comité organizador.

Violencia del extractivismo

El documento señala que la presencia de las industrias extractivas en territorios indígenas ha degenerado en una sistemática violencia contra las mujeres, protectoras ancestrales de la naturaleza.

Como resultado, desde África hasta América Latina, ellas son hoy desplazadas de sus territorios, captadas por redes de trata de personas y abusadas sexualmente.

El plan de acción adoptado se propone contribuir a erradicar la violencia, la discriminación, el racismo y la pobreza que viven las mujeres indígenas alrededor del globo.

Destacan que de perpetuarse las diversas formas de violencia contra las mujeres indígenas, el conocimiento ancestral sobre los recursos naturales se habrá perdido para siempre.

Una de las demandas principales se dirige a los Estados a fin que tracen un nuevo modelo económico redistributivo, solidario y sustentable.

Asimismo, recuerdan que la participación de las comunidades en la administración de los recursos naturales ha demostrado ser efectiva y que por tanto, principios como el derecho al consentimiento previo, libre e informado deben ser respetados.

Fuente: http://servindi.org/actualidad/100793

Para más información visite www.mujerindigena.com

Acceda al documento en referencia con un clic en el siguiente enlace:

Documento de Posicionamiento Político y Plan de Acción de las Mujeres Indígenas del Mundo

sábado, febrero 08, 2014

Fundamentalismo cristiano

Carlo Frabetti - La Haine

I

Decía Chesterton que para ser lo suficientemente listo como para hacerse rico, hay que ser lo suficientemente tonto como para creer que vale la pena.

Y si sustituimos la acumulación de dinero por la de poder, la frase no pierde ni un ápice de validez (entre otras cosas, porque hoy día dinero y poder son casi sinónimos). O sea, que los que se hacen ricos y los políticos de oficio y beneficio son los más listos de entre los tontos, lo que los convierte en doblemente peligrosos, puesto que no hay peor tonto que el que tiene la suficiente habilidad como para realizar sus tonterías.

A raíz de las sandeces que Gallardón no para de repetir en relación con el proyecto de reforma de la ley del aborto, podría parecer que es rematadamente bobo; pero no nos engañemos(o mejor dicho, no nos dejemos engañar). Que el actual ministro de justicia no es muy listo, lleva muchos años demostrándolo; pero no puede ser tan estúpido como para creer realmente que un feto de dos meses es un ser racional cuyos derechos hay que priorizar porque es el más débil. Según esa regla de tres, habría que anteponer los derechos de un pollito (o los de un huevo, que es un pollo nonato) a los de un ser humano, puesto que un pollito tiene mucha más conciencia que un feto y su indefensión no es mucho menor.

Para creer realmente que un feto es un sujeto de derecho, hay que tener menos neuronas operativas que el propio feto, y si Gallardón no tuviera unas pocas más, no habría llegado a alcalde ni a ministro. No caigamos en la trampa de llamar “ley Gallardón” al infame proyecto de reforma de la ley del aborto y pensar que es obra de un descerebrado, porque la cosa es muchísimo más grave: es obra de millones de descerebrados, víctimas y cómplices de la más eficiente máquina descerebradora jamás inventada.

Si Gallardón pudiera y quisiera ser honrado, diría: “El aborto es inadmisible porque Dios le ha insuflado al concebido no nacido un alma inmortal y solo Él puede disponer de su vida”. Pero este argumento, formulado sin ambages, no es de recibo en un supuesto Estado laico del siglo XXI: hay que camuflarlo, revestirlo de una apariencia de objetividad científica, para conseguir los votos de millones de católicos atascados en el Medioevo sin renunciar a un cierto aire de modernidad.

Y como siempre que la religión invade el terreno de la razón, el resultado es grotesco: “sería de reír si no fuera de llorar”, como solía decir Eva Forest. Grotesco y terrible, porque el poder de la Iglesia, que a veces subestimamos o creemos en declive, sigue siendo enorme, y el nacionalcatolicismo de Franco e Isabel la Católica, de la Inquisición y el Martillo de Herejes, del Opus Dei y la Conferencia Episcopal, es para muchos, en estos momentos críticos, una opción tan tentadora como el fundamentalismo islámico en otras latitudes, y por los mismos motivos.

Si los politicastros del PP apuestan por ir a la caza del voto fundamentalista, es porque lo consideran su mejor estrategia electoral, o la menos mala. Y como son tontos pero no tontísimos, es posible que no se equivoquen.

II. Católicos y herejes

Hay muchas maneras de ser cristiano, algunas de ellas admirables; pero solo hay una manera de ser católico, puesto que, por definición, católico es quien -y solo quien- acata la doctrina y la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana.

Lo cual implica cumplir (o al menos considerar de obligado cumplimiento) los cinco mandamientos de la Iglesia y aceptar tanto sus sacramentos como sus dogmas de fe. La consabida frase “yo soy creyente pero no practicante” tal vez sea admisible en algunos cristianos, pero no en un católico: un supuesto católico que cree poder prescindir de la práctica preceptiva y sacramental, en realidad es un hereje.

Y también es un hereje quien niega o cuestiona cualquiera de los dogmas de fe del catolicismo, entre los que se cuentan la transmisión hereditaria del pecado original, la inmaculada concepción de María, la doble naturaleza (divina y humana) de Jesús, la infalibilidad del Papa, la Santísima Trinidad, la omnipotencia y omnisciencia de dios, el libre albedrío del ser humano, la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, la resurrección de la carne, la existencia del infierno…

Es decir, un católico cree -tiene la obligación de creer- que todos (menos la virgen María) nacemos en pecado porque Adán y Eva se comieron una manzana; que el Papa es infalible porque tiene línea directa con el Espíritu Santo; que el cielo es un lugar espiritual, pero capaz de albergar cuerpos físicos, como el de Jesús y el de su madre; que dios es uno y trino a la vez (tres personas y una sola naturaleza); que somos libres a pesar de que dios sabe de antemano todo lo que vamos a pensar, sentir y hacer a lo largo de nuestra vida; y lo que es infinitamente más grave (y, como matemático, no suelo tomar el nombre del infinito en vano), un católico cree que un dios justo y misericordioso es capaz de infligir un castigo eterno a seres de responsabilidad limitada como son los humanos: una aberración (tanto desde el punto de vista de la lógica como desde el de la ética) que solo cabe en la cabeza de un demente.

¿Significa esto que, solo entre los cristianos, hay en el mundo unos 1.200 millones de dementes (de los cuales más de 30 millones en el Estado español, donde quienes se declaran católicos constituyen un 72% de la población)? Afortunadamente no, porque si les sumáramos los dementes de otras religiones y creencias disparatadas (como la astrología o la dianética), tendríamos que llegar a la alarmante conclusión de que a la inmensa mayoría de la humanidad tiene el cerebro atrofiado. Lo que ocurre es que, como dice el propio Evangelio, somos “hombres de poca fe”, y muy pocos creen realmente y hasta sus últimas consecuencias algunas de las cosas que creen creer. A lo largo de mi vida he tenido ocasión de discutir con cientos de católicos, y he podido comprobar que, en el fondo, muchos se resisten a creer que los pecadores sufrirán en el más allá un castigo eterno; lo cual, insisto, los convierte en herejes, y hasta hace bien poco habrían podido terminar en la hoguera.

Diríase que a quienes hemos recibido una educación católica nos cuesta darnos cuenta de algo tan obvio como terrible: que en el caso del catolicismo, ortodoxia y fundamentalismo son una misma cosa. Eso explica que la Conferencia Episcopal, el Opus Dei, los Legionarios de Cristo y sus politicastros asociados pretendan impedir que las mujeres decidan lo que hacen con su propio cuerpo (confiando, y esto es lo más alarmante, en la rentabilidad electoral de una aberración comparable a la clitoridectomía o la infibulación).

Y hablando de decidir sobre el propio cuerpo, habría que añadir que quienes pretenden criminalizar la prostitución no son mejores que quienes quieren criminalizar el aborto.


Abusos sexuales de la iglesia católica

Francesca Emanuele

Diario 16 El mes pasado, representantes de la Santa Sede comparecieron ante un comité de las Naciones Unidas para dar cuenta de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por el Vaticano en 1990. Esta semana, el comité de la ONU emitió un informe consignando las conclusiones a partir de la histórica audiencia, un documento que trata temas de abusos sexuales, discriminación, torturas y demás atropellos cometidos por la “inmaculada” Iglesia católica contra niños y niñas alrededor del mundo.

Lo primero que se extrae del documento es que el Vaticano no ha cumplido con la CDN y que, por el contrario, ha infringido los pilares de la misma, poniendo en riesgo a millones de menores.

Respecto a los casos de abusos sexuales, la ONU señala que "la Santa Sede no ha reconocido la magnitud de los crímenes cometidos, no ha tomado las medidas necesarias para hacer frente a los casos de abuso sexual infantil, y ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la persistencia de los abusos, y a la impunidad de los perpetradores". “La Iglesia ha estado más preocupada por evitar el escándalo, que por proteger a los niños abusados”. “Debido al código de silencio impuesto a todos los miembros del clero, bajo pena de excomunión, los casos de abuso sexual a menores casi nunca han sido reportados ante las autoridades seculares”. En este sentido, se insta al Vaticano a que “retire inmediatamente de sus cargos a todos los clérigos abusadores (conocidos y sospechosos)”. Además, se exige la “distribución transparente de todos los archivos que puedan ser utilizados para mantener sin castigo a los criminales”, información que el Comité de la ONU alega haber solicitado, pero que el Vaticano se ha negado a entregar.

En el informe se denuncia que “es ampliamente conocido y documentado que los violadores han sido trasladados de parroquia en parroquia o incluso a otros países, en un intento por encubrir sus delitos”.

Durante la comparecencia del mes pasado, la Santa Sede intentó exculparse ante la ONU arguyendo que son las autoridades de los países donde se cometen los delitos los responsables de iniciar los procesos judiciales contra los criminales. En respuesta, la ONU defiende que “la Santa Sede, al ratificar la CDN, se comprometió a aplicarla no sólo en el territorio de la Ciudad del Vaticano, sino también como poder supremo de la Iglesia Católica, a través de las personas y las instituciones bajo su mando”. En otro apartado, la ONU menciona que “las denuncias ante las autoridades nacionales nunca fueron obligatorias para la Iglesia”; y que inclusive, “la consecución de las mismas han sido rechazadas explícitamente en países como Irlanda, en una carta oficial dirigida a los miembros de la Conferencia Episcopal en 1997. En muchos casos, autoridades eclesiásticas, incluyendo a los más altos rangos de la Santa Sede, han mostrado renuencia o se han negado a cooperar con las autoridades civiles”.

El Vaticano, como apunta la ONU, debe modificar el Código de Derecho Canónico. Bajo este sistema de leyes se considera a los abusos sexuales infantiles como "delitos contra la moral", y no como crímenes en toda regla.

Ante tanto agravio sistemático, sería de justicia que la Iglesia hiciera un verdadero mea culpa y acatara las recomendaciones de las Naciones Unidas. Sin embargo, parece que estamos lejos de que ello suceda. La Santa Sede ya se ha pronunciado en contra del documento, alegando que en estos últimos años su institución ha efectuado importantes avances, por lo que el informe del Comité de la ONU es producto de la inquina, de ideologías parciales y de una perspectiva incorrecta.

Para comprobar la veracidad de las declaraciones vertidas, la próxima semana repasaremos los últimos casos de pederastia de la Iglesia católica. Les puedo asegurar que los caminos nos llevarán directamente a Roma.

Una delegación del Vaticano compareció ante la ONU para dar explicaciones sobre los casos de abuso sexual a menores perpetrados por sacerdotes, monjas y demás funcionarios de la Iglesia alrededor del mundo. En ocasiones previas, el papa Francisco y el ex pontífice Benedicto XVI, reconocieron públicamente los casos de abusos. Sin embargo, era la primera vez que una comisión de la Santa Sede se presentaba en Ginebra ante las Naciones Unidas para reconocer los delitos de pederastia que históricamente ha intentado ocultar su organización religiosa.

Si bien este es un hecho sin precedentes para la Iglesia, no es ni mínimamente suficiente para las cientos de miles de víctimas efectivas (y posibles) alrededor del planeta. En Ginebra, la comisión del Vaticano continuó manteniendo ocultos los nombres de los miles de sacerdotes que están envueltos en estos delitos, aún teniendo registros internos de los mismos. Además, se negó a proporcionar documentación referida al “protocolo de actuación” que ejerce la Iglesia Católica en estos supuestos.

En casi la totalidad de los casos, los sacerdotes implicados en crímenes de pederastia no son procesados por el derecho penal de sus países de residencia, sino que son “escarmentados” por las altas autoridades católicas de la localidad donde viven –quienes los suelen encubrir trasladándolos de parroquia o de país–. Otra opción, que dependerá de la discrecionalidad de la autoridad eclesiástica local, es que los clérigos criminales sean enviados a la Ciudad del Vaticano donde un tribunal católico dirimirá su culpabilidad o inocencia, penalizándolos a través de la excomunión o permitiendo su permanencia en la organización cristiana. Hasta la fecha, no se conoce un solo caso en el que el sacerdote haya tenido que enfrentar una pena de cárcel por pederastia al pasar por estos tribunales eclesiásticos. De hecho, muchos de ellos, ni siquiera son cesados, sino que, de aprobar un test psicológico, serán reinsertados en las labores pastorales, poniendo en peligro –una vez más– a miles de niños y niñas.

La gran mayoría de ataques sexuales que han sido denunciados ante las autoridades judiciales de los Estados “seculares”, fueron atajados ágilmente mediante pagos extrajudiciales por parte de la Iglesia Católica a las familias de las víctimas, comprando así su silencio y frenando las investigaciones. La opacidad también ha sido la tónica, incluso en escándalos abiertamente “populares”, como es el caso de Irlanda. En este país se destaparon abusos sexuales masivos en instituciones (orfanatos, colegios, reformatorios, etcétera) regentadas por la Iglesia Católica. En 1999, el Gobierno irlandés creó una comisión para investigar el alcance del abuso infantil en estos centros católicos, desde los años 30 hacia adelante. Tras interesadas dilaciones, en 2009 fue presentado finalmente el documento, conocido como el Informe Ryan. Entre sus páginas se señala claramente que la violación y el acoso sexual eran "endémicos" en estos centros, financiados principalmente por el Ministerio de Educación irlandés, y dirigidos por la Iglesia Católica. Las más de 2 mil páginas del informe mantuvieron en secreto los nombres de los abusadores del clero, y en el capítulo de las recomendaciones no se hace ninguna mención a las sanciones que deberían imponerse a los criminales. A lo largo de los años de denuncias, el Gobierno irlandés y la Iglesia Católica pactaron acuerdos con las víctimas por los que recibirían indemnizaciones económicas a cambio de renunciar a su derecho de demandar a la Iglesia y al Gobierno, además de mantener oculta la identidad de los abusadores. Se calcula que, en total, se habría entregado una indemnización de alrededor de 1,3 mil millones de euros . Como consecuencia de estas “expiaciones monetarias”, la Iglesia irlandesa atravesó, en 2011, una importante crisis financiera, de la que aún continúa recuperándose.

España: La ley del aborto ignora los avances científicos y nos devuelve a los años 60

Montserrat Ponsà

Rebelión A finales de los años 60 las mujeres con aspiraciones profesionales tenían un dilema en relación a la maternidad. Las necesidades de formación y de entrenamiento y los requerimientos para hacerse con un espacio profesional, alargaban, igual que ocurre en la actualidad, la decisión de ser madres. Era la primera generación que sabía que con la edad materna incrementaba el riesgo de anomalías genéticas en la descendencia y se planteaba bien renunciar a ser madres (acababa de comercializarse la píldora anticonceptiva) bien arriesgarse a un embarazo con posibles anomalías. Las que tenían recursos y contactos profesionales se podían plantear pruebas prenatales en centros hospitalarios de otros países. Si el resultado del estudio indicaba una anomalía era necesario, si así lo decidía la interesada, volver a viajar e interrumpir el embarazo en Londres o Paris. También se podía correr el riesgo y asumir la desgracia si el hijo deseado nacía con malformaciones. Otra opción era intentar abortar en España clandestinamente. Es decir las opciones en nuestro país eran según la moral católica dominante y las leyes franquistas: el castigo eterno por hacer el amor sin intención de procrear, traer al mundo a una persona sin capacidad de autonomía cuyo sufrimiento y dependencia condicionaría su calidad de vida y la de sus familiares hermanos incluidos, o correr un grave riesgo para la salud y adicionalmente el riesgo de cárcel.

De todo esto, por fortuna hoy nadie se acuerda, no solo porque han cambiado las leyes y la sociedad española se ha modernizado y actualizado, sino también porque existen métodos seguros y fiables de diagnóstico en estadios muy iniciales del embarazo a los que las embarazadas se someten con naturalidad, sin riesgo para el embarazo ni para su salud, y que están en el protocolo de la Seguridad Social. La mayoría de las mujeres no son conscientes de que nos quieren privar de esta normalidad. ¿Qué sentido tiene hacerse esas pruebas, ecografías incluidas, que no sea la interrupción del embarazo en las primeras semanas y con el mínimo riesgo? ¿Cuál será, si se aprueba esta ley, el sufrimiento de las embarazadas de más de 30 años, hoy mayoría? La ciencia permite que una mujer sea madre pasada la trentena con garantías de no tener un hijo malformado. La ley que prepara el Gobierno nos devuelve a los años 60 con el agravante que han pasado casi 50 años y la ciencia ha dado unos pasos que no se pueden ignorar.

Montserrat Pons. Catedrática emérita de Biología Celular. Universidad Autónoma de Barcelona.

miércoles, febrero 05, 2014

Una nueva ley en Afganistán permitiría a los hombres abusar de sus esposas

RT Un proyecto de ley en Afganistán prohíbe a los fiscales interrogar a familiares de criminales sospechosos. Según defensores de los derechos humanos, el borrador permite que los hombres que ataquen a sus esposas o hermanas queden impunes.

El cambio en el código de enjuiciamiento penal de Afganistán es pequeño pero significativo, recoge 'The Guardian', ya que prohíbe que los familiares de una persona acusada de algún acto criminal presten testimonio en contra de ella.

La norma ha sido aprobada por el Parlamento, pero todavía no ha sido firmada por el presidente, Hamid Karzai.

"De entrar en vigor, las mujeres y chicas afganas se verán privadas de protección legal ante los familiares que las ataquen, las obliguen a casarse o incluso las vendan", lamentó el director de Human Rights Watch para Asia, Brad Adams.

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres se producen dentro de la familia, por lo que la ley silenciaría a las víctimas, así como también a los testigos más relevantes.

"Las personas más vulnerables no obtendrán justicia ahora", afirmó por su parte Manizha Naderi, la directora ejecutiva de la ONG Women for Afghan Women ('mujeres por las mujeres afganas'), que ha criticado duramente la medida.

Si se aprueba el borrador, posiblemente no saldrán a la luz casos como el de Sahar Gul, una chica afgana de 15 años torturada y encerrada por la familia de su marido durante medio año. O el de Sitara, una joven víctima de maltrato por parte de su marido. El hombre le cortó los labios y la nariz tras una disputa conyugal. Además, los denominados 'asesinatos de honor' por parte de padres y hermanos que desaprueban el comportamiento de una mujer serán casi imposibles de castigar, al igual que el matrimonio forzado y la venta o el comercio de las hijas.

Inicialmente los senadores querían aprobar una versión más suave de la ley para impedir que los parientes estuvieran legalmente obligados a subir al estrado en caso de que no quisieran declarar. Sin embargo, ambas cámaras del Parlamento decidieron aprobar una iniciativa que prohíbe que den testimonio.
Pediremos al presidente que no firme hasta que se cambie el artículo

El proyecto de ley ya ha sido enviado a Karzai, que deberá decidir si firmar o no su entrada en vigor.

"Pediremos al presidente que no firme hasta que se cambie el artículo, vamos a ejercer mucha presión", aseguró Selay Ghaffar, directora de la organización Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan ('asistencia humanitaria para las mujeres y los niños de Afganistán').

Según la Comisión Afgana Independiente de Derechos Humanos, los crímenes violentos contra mujeres en Afganistán alcanzaron un nivel de brutalidad sin precedentes en 2013.

Texto completo en: http://actualidad.rt.com/sociedad/view/119040-ley-afganistan-mujeres-hombres-abusos

“Mulas”: entre la pobreza y los roles de género

Belén Spinetta

COMUNICAR IGUALDAD- Año a año, miles de mujeres atraviesan las fronteras nacionales de sus países contratadas como “mulas” del narcotráfico. Su trabajo consiste en transportar la droga que será comercializada y, una vez ingresada al circuito del consumo, engrosará las arcas de las mafias organizadas que operan a nivel trasnacional. Muchas de estas mujeres morirán haciendo su “trabajo”. Otras ocuparán otros eslabones de la cadena, dentro o fuera de sus lugares de origen. Una opción que la mayoría no elige, y a la que llegan principalmente por su situación socioeconómica.

Un documento reciente de Consorcio Internacional sobre Política de Drogas (IDPC) estudia la población femenina en cárceles para analizar los roles desempeñados por las mujeres en las redes criminales en América Latina y los procesos de involucramiento. Busca visibilizar cómo las relaciones de género y los factores socioeconómicos moldean la configuración de las redes de tráfico internacional de drogas y la inserción de las mujeres.

La feminización de la pobreza en el ojo de la tormenta

Mujeres, delitos de drogas y sistemas penitenciarios en América Latina se denomina el documento de IDPC publicado en octubre de 2013 y que estuvo a cargo de Corina Giacomello, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (México).

Una de las primeras conclusiones que revela la investigación es que hay un incremento de mujeres encarceladas por delitos vinculados a la venta y transporte de drogas ilegales, y que esto se vincula, no sólo con su mayor involucramiento en las redes de narcotráfico, sino que también se debe al crecimiento de la persecución penal de estas actividades. La población penitenciaria femenina de América Latina se duplicó entre 2006 y 2011: pasó de 40 mil a más de 74 mil mujeres presas, la mayoría acusadas de delitos menores relacionados con las drogas.

Asimismo, el estudio muestra cómo las mujeres ocupan el lugar de mano de obra barata y fácilmente reemplazable de las redes criminales. “Se desempeñan principalmente como cultivadoras, recolectoras, vendedoras al menudeo, correos humanos (lo que se suele conocer como “mulas” o “burreras”, entre otros nombres) e introductoras de drogas a centros de reclusión”, señala.

En tanto, en América Latina, las circunstancias socioeconómicas constituyen la principal motivación por la cual las mujeres se ven obligadas a cometer una actividad ilegal. Cabe destacar que, tal como señala el estudio, la región tiene el índice más alto de desigualdad económica del mundo y un alto porcentaje de la población que vive en pobreza e indigencia son mujeres. Estamos ante un fenómeno que se conoce como feminización de la pobreza y que se manifiesta tanto en áreas urbanas, cómo rurales. Poniendo el foco en el perfil de las mujeres encarceladas, se revela que “muchas de ellas son madres solteras que entran al negocio de las drogas solamente para poder alimentar a sus hijas e hijos”.

En diálogo con COMUNICAR IGUALDAD, Corina Giacomello reflexiona sobre este punto. “En América Latina coexisten procesos mixtos con respecto al papel de las mujeres: por un lado, éstas tienen mayor acceso a la educación y una mayor presencia en los espacios públicos, pero también son las principales protagonistas de la pobreza y de la pobreza extrema. A menudo esto se combina con la permanencia de creencias de género tradicionales acerca de las funciones de la maternidad y la responsabilidad tradicional de las mujeres hacia ‘los otros’. El número de hogares monoparentales de jefatura femenina y de embarazos adolescentes entre niñas de los niveles socioeconómicos más bajos está aumentando, lo que implica un mayor número de mujeres en situación de pobreza y únicas responsables de sus hijos e hijas”. La especialista destaca que frente a este panorama, actividades del microtráfico -como la introducción de drogas a centros de reclusión o la venta al menudeo- ofrecen la “falsa ilusión” de poder combinar una actividad económica con el cumplimiento de los deberes tradicionales. “Estas mujeres encuentran normalmente empleo en actividades de la economía informal muy mal remuneradas (actividades de limpieza, sobre todo) y desempeñan una doble o triple jornada laboral. Las redes del tráfico identifican muy bien a las mujeres que reclutan y las involucran aprovechando su vulnerabilidad, por un lado, y la falta de mecanismos preventivos y de protección por parte del Estado”, enfatiza.

Relaciones de género, la “gran” puerta de entrada

Por otra parte, las relaciones de género constituyen un factor primordial de por qué las mujeres cometen estos delitos, ya que muchas de ellas se involucran a partir de sus relaciones familiares o sentimentales, ya sea como novias, esposas, madres e hijas, y en cumplimiento de los roles asignados para hombres y mujeres.

Sobre este punto, Giacomello resalta que las relaciones de género son espacios de poder generalmente asimétricos en detrimento de las mujeres y definen los ámbitos de acceso y las modalidades de inserción a ellos, diferenciados para hombres y mujeres. Frente a esto, se vuelve necesario adoptar la perspectiva de género para analizar espacios como el narcotráfico, “lo que permite visibilizar cómo hombres y mujeres se involucran en actividades delictivas relacionadas con drogas de manera distinta, a partir de diversos factores, entre ellos su identidad de género y los roles que la sociedad les atribuye”. Concluye que analizar cómo el proceso de construcción de la feminidad y de la masculinidad influye en el proceso de involucramiento y en las formas de participación en el tráfico de estupefacientes “puede ayudar a construir políticas públicas de prevención diferenciadas y adecuadas para distintos actores”.

Para la especialista, este análisis se aplica de la misma manera al aspecto punitivo. Generalmente, el sistema de justicia y el sistema penitenciario están diseñados a partir de las necesidades y las características de los varones: “así otros grupos (indígenas, LGBTI, personas extranjeras y mujeres, entre otros) son asimilados bajo una falsa igualdad y neutralidad de la norma. Por ende, introducir la perspectiva de género permite nuevamente elaborar políticas punitivas y carcelarias que respondan a las exigencias y características reales de las personas”.

Cárceles: abandono y violencia

Otra de las principales conclusiones que arrojó la investigación de IDPC es que, una vez en contacto con el sistema de justicia penal y penitenciario, las mujeres suelen ser sometidas a formas de violencia específicas. Esto se evidencia en distintos aspectos como la falta de centros propios para mujeres; las violaciones y el abuso sexual ejercido por el personal de los centros; la existencia de redes de trata entre secciones femeniles y varoniles; la falta de atención a los problemas de salud mental; los daños infligidos sobre las hijas e hijos de las mujeres en prisión, en el caso de los que viven con ellas como de los que están afuera; la menor oferta de oportunidades educativas, laborales y de capacitación, entre otros.

Frente a esto el estudio hace referencia a una “ceguera de género” en relación a las leyes que regulan el sistema penitenciario. Al ser consultada acerca de qué pasos deberían dar los Estados para ir sacándose esta venda, Giacomello señala: “Tanto a nivel de Naciones Unidas, como en el sistema interamericano se han producido diversos instrumentos que hacen referencia a las mujeres en reclusión, el más reciente y completo es el texto de las Reglas de Bangkok. Asimismo, existe suficiente evidencia empírica sobre las formas de discriminación de las mujeres en prisión. Los Estados deberían retomar esos principios y esa evidencia para sustentar y modificar sus estrategias punitivas y penitenciarias y asumir plenamente su papel de garantes de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, aplicando medidas generales pero también específicas, de acuerdo a las necesidades de cada grupo en prisión”.

Recomendaciones para desandar camino

El estudio realiza una serie de recomendaciones a los Estados en relación a la elaboración de datos, la prevención, la modificación del sistema penitenciario y la implementación de una adecuada política de drogas.

Giacomello destaca entre estas recomendaciones, por un lado la necesidad de una reelaboración de las medidas punitivas relacionadas con drogas que impliquen reducción de sentencias, la incorporación de otros factores más allá de sustancia-conducta-cantidad para determinar el rol real desempeñado por una persona en las redes de narcotráfico y aplicar una sentencia proporcional. Por otro lado, urge incorporar de manera plena las Reglas de Bangkok; así como garantizar el cumplimiento del interés superior del niño y la niña en sus políticas relacionadas con la procuración e impartición de justicia y con la ejecución de la pena.

Suma la necesidad de trabajar a fondo con el funcionariado público responsable de detener, procesar y sentenciar a personas por delitos de drogas en materia de perspectiva de género, políticas de drogas y derechos humanos. Y finaliza introduciendo un aspecto polémico: descriminalizar de manera integral y efectiva la posesión y consumo de todas las drogas. Sobre este último punto se vienen dando avances en América Latina, y particularmente en nuestro país existen proyectos de ley que avanzan en ese sentido.

6 de febrero, Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Ablación: “Tengo derecho a decir no a una práctica que perjudica mi vida”

Gloria López

AmecoPress. Jeniffer Chepochepunyo Kibon es una de las madres de la zona de Marigat (Kenia) que decidió no mutilar a sus hijas y Janet Naningoi Tumer es una joven keniata que se negó a sufrir la ablación. Ahora luchan contra la Mutilación Genital Femenina (MGF) y los matrimonios forzados en su país. Y lo hacen con la ayuda de mujeres como Tabitha Parteneu, encargada del proyecto de prevención de la ablación que World Vision realiza en Marigat. Se enfrentan a una tradición cultural que cada año es responsable de que en África 3 millones de niñas sufran la extirpación parcial de sus genitales externos, con dramáticas consecuencias físicas y psicológicas. Hoy han estado en Madrid, compartiendo su testimonio de lucha y de liberación.

La MGF es una práctica que, a todas luces, se reconoce como una violación de los Derechos Humanos de las niñas, adolescentes y mujeres y que refleja cuán profunda es la discriminación hacia las niñas y mujeres en los países en los que se practica. Aunque no se sabe con certeza el origen de esta práctica, en pleno siglo XXI, la ablación se realiza en 28 países africanos, a pesar de que en 20 de ellos está penalizado. También se practica en algunos países del Medio Oriente y Asia, y en más de 12 países industrializados con población inmigrante con tradición de MGF.

Según datos de la OMS (informe de 2010), entre 100 y 140 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido una forma de ablación o mutilación genital femenina, de los cuales alrededor de 91 millones son niñas africanas menores de 9 años. De acuerdo con los datos de Naciones Unidas, cada año 3 millones de niñas en África están en alto riesgo de sufrir la mutilación genital femenina.

Coincidiendo con el Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Ablación, el 6 de febrero, y como parte de la campaña www.stopablacion.org, la ONG de desarrollo y ayuda humanitaria World Vision y el Centro Médico Dr. Palomo han organizado una jornada informativa sobre las consecuencias vitales, emocionales y médicas que tiene dicha práctica. Para ello, han invitado a estas tres mujeres keniatas que, en un momento de su vida fueron conscientes de los peligros de la ablación y de que “las mujeres también tenemos derechos”.

Ignacio Palomo, médico especialista en Ginecología y Obstetricia, ha explicado las consecuencias de esta práctica que por lo general, además, se realiza en condiciones higiénicas deficientes, utilizando medios que van desde una navaja, una cuchilla, una lata, un vidrio roto o cualquier otro objeto que permita cortar. Posteriormente, a la herida se le colocan ungüentos, leche, ceniza, hierbas u otros elementos supuestamente cicatrizantes.

Las consecuencias dependen del tipo de operación, de si se ha realizado en las condiciones de esterilidad óptimas, de las habilidades de la persona que la realiza –generalmente una comadrona- y del estado de salud de la niña cuando es mutilada. Dolores, hemorragias, infecciones que pueden resultar mortales, transmisión de hepatitis o SIDA, infecciones de orina, dislocación de huesos (por la fuerte presión que ejerce el adulto que sujeta a la niña durante la operación), dolor y lesiones durante las relaciones sexuales, esterilidad, dificultad para dar a luz, fístula (con la consecuente incontinencia urinaria e incluso fecal), dolor menstrual, problemas de riñón, entre otras, son bastante habituales.

El doctor también ha explicado que desde el punto de vista psicológico, las mujeres a las que se les practica la ablación sufren nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, depresión, inhibición de la libido, insensibilidad y trastornos de personalidad.

Educación

“Todos somos corresponsables” ha dicho Palomo, “y cortar de raíz esta práctica tiene que ver con la educación. Hemos comprobado que cuando las mujeres tiene acceso a una cultura diversa, empiezan a bajar las mutilaciones”.

Los testimonios de estas mujeres verifican la tesis del doctor. Fue a través de la educación que tuvieron conocimiento de las nefastas consecuencias que ablación tenía sobre ellas y también de sus derechos como mujeres.

“Tengo derecho a decir no a una práctica que perjudica mi vida”, ha afirmado categórica Jeniffer Chepochepunyo Kibon una de las madres de la zona de Marigat (Kenia) que decidió no mutilar a sus hijas. Para ello, tuvo que enfrentarse a su marido y pedir ayuda al jefe de su tribu para que le permitiera hablar con la gente y concienciar.

También la joven Janet Naningoi Tumer fue consciente de sus derechos a través de la información que le llegó por parte de su profesor. Fue rechazada por su familia por negarse a sufrir la MGF y apoyada por World Vision, se propuso estudiar y trabajar para que otras mujeres siguieran su ejemplo.

“Es necesaria una labor intensa de concienciación en las comunidades”, ha asegurado Tabitha Parteneu, que trabaja desde hace 6 años en Marigat, al oeste de Kenia, donde es directora del proyecto de prevención de la ablación de World Vision. En su intervención ha explicado cómo trabajan para desterrar las prácticas culturales dañiñas que incluyen tanto la ablación como los matrimonios forzados a edades tempranas. Y es que la ablación está ligada al derecho al matrimonio, a la capacidad para participar en determinadas ceremonias sociales e incluso al derecho a ser heredera en el caso de que el marido muera.

Una realidad que cambia lentamente gracias sobre todo al esclarecimiento. “Hablamos con las niñas y niños y les pedimos que nos ayuden a difundir la información; nos dirigimos también a las matronas, para que dejen de practicar la ablación y se conviertan en activistas con nosotras y ayudamos también a las niñas que se escapan de sus familias, ofreciéndoles los llamados Centros de Rescate, en donde se realiza un trabajo orientado a la reconciliación entre la niña y la familia”, contaba Tabitha en la rueda de prensa.

World Vision es una OHG de desarrollo y ayuda humanitaria que lleva varios años poniendo en marcha proyectos de prevención de la ablación o mutilación genital femenina en países como Kenia, Malí o Somalia. Se trata de programas a través de los cuales se explica a las comunidades las consecuencias que la ablación supone para la salud física y psicológica de las niñas y para desterrar prejuicios y mitos que sostienen esta práctica. Susana Oliver, directora de proyectos de la organización en España, que ha intervenido en la rueda de prensa, ha pedido colaboración para conseguir apoyo a estos proyectos. La organización ha creado la web www.stopablación.org donde es posible informarse sobre esta realidad y apoyar.

Francia protege el derecho al aborto ante el avance conservador

Angeline Montoya

COMUNICAR IGUALDAD- Varios miles de personas desfilaron el sábado 1 de febrero en París y en otras ciudades francesas para defender el aborto legal en España. Una movilización que hizo eco a otra manifestación mucho más multitudinaria, esta vez en contra del derecho al aborto, y que tuvo lugar en la capital gala el 19 de enero pasado.

Ese día, en efecto, entre 16.000 (según la policía) y 40.000 personas (según quienes organizaron la marcha) protestaron contra una enmienda propuesta por el Gobierno francés que, según los sectores anti-derechos, amenaza con “banalizar” la interrupción voluntaria del embarazo. Una manifestación que recibió el beneplácito del papa Francisco y decidida precisamente para apoyar el proyecto de Ley Gallardón en España.

¿De qué se trata esa enmienda? En Francia, el aborto ha sido despenalizado en 1975. Si bien la ley fue modificada en 2001 para ampliar el plazo de 10 a 12 semanas de embarazo y para permitir que las personas menores de edad puedan abortar sin la autorización de su familia, persistía desde entonces el supuesto de que sólo pueden abortar las mujeres “en situación de desamparo”.

Una formulación “obsoleta”, de acuerdo a la ministra de los Derechos de las Mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, y que nunca ha impedido que las mujeres abortaran. Pero que hacía simbólicamente del aborto una excepción, y no un derecho de toda mujer embarazada.

Si bien Vallaud-Belkacem aseguró que esa enmienda destinada a suprimir la noción de “desamparo” nada tenía que ver con la situación en España, ya que en realidad se inscribe en un marco más amplio de Proyecto de ley para la igualdad real entre las mujeres y los varones presentado hace varios meses y aprobado por el Senado en septiembre pasado, la ministra afirmó en su discurso ante la cámara de diputados en enero pasado que “las evoluciones en algunos países vecinos crearon una preocupación (y) muestran que no estamos a salvo de un retroceso de 40 años”.

De hecho, la propuesta de ley española ha convencido a algunas políticas de apoyar la modificación de la ley francesa: “Hasta hace unas semanas, no habría entendido lafran3 necesidad de esta enmienda” , explicó en la televisión Roselyne Bachelot, ex ministra de Salud bajo el Gobierno del derechista Nicolas Sarkozy, y firmante de un texto para pedir a España que retire su proyecto de ley.

A pesar de haber sido despenalizado hace casi 40 años, el aborto está siendo cada vez más cuestionado en Francia. Hace unos años surgió la idea de que algunas mujeres abortaban por “confort” y lxs parlamentarixs de derecha y de extrema derecha tratan regularmente de limitar ese derecho.

Por distintas decisiones sobre el acceso a la salud, la práctica del aborto se ha vuelto poco interesante económicamente para el cuerpo médico, incitando a algunos centros hospitalarios a dejar de llevarla a cabo (por ello en 2013 se decidió pagarles un 50% más para alentarlos a realizarla).

Además, muchos centros de interrupción voluntaria del embarazo han cerrado, sobre todo en los pequeños poblados, donde algunxs médicxs, con la complicidad de docentes, que no les cobran faltas, organizan “expediciones” a ciudades más grandes para que alumnas menores de edad puedan ir a interrumpir su embarazo en el día y volver a la tarde sin que se entere su familia.

A causa del cierre de los centros de IVE, se calcula que unas 5.000 mujeres tienen que viajar a los Países Bajos, donde se puede abortar hasta las 22 semanas, porque no pudieron obtener turno antes de las fatídicas 12 semanas de embarazo, también porque todavía se impone a las mujeres una semana de “reflexión”, disposición considerada paternalista por los movimientos feministas.

fan2En su artículo La anticoncepción, palanca real o simbólica de la dominación masculina, las sociólogas Nathalie Bajos y Michèle Ferrand han mostrado que ni la anticoncepción ni el aborto legal han permitido revertir la jerarquía de género en Francia: no ha modificado la división sexual del trabajo ni la concepción de la sexualidad femenina anclada en la dimensión conyugal y siempre sometida a los mandatos de la dominación masculina: la mujer pasó de ser considerada “una madre en el hogar” a “una madre que trabaja”, pero siempre una madre.

En ese contexto, como lo explican Bibia Pavard y otrxs autorxes en el texto Les lois veil : contraception 1974: el aborto nunca ha sido visto como un derecho en Francia, ni como una libertad de no procrear y una elección personal, sino como el resultado de un fracaso.

La intención del gobierno socialista de François Hollande de inscribir al aborto como un derecho de toda mujer embarazada y no como la respuesta a una situación de “desamparo” es un intento por acallar las voces, cada vez más fuertes, de los sectores reaccionarios, que se alarman ante la “explosión de los abortos entre las jóvenes” (cuando, si bien esa tasa subió levemente en la década de los 90, se sitúa en el promedio europeo) o ante un supuesto aumento de las interrupciones de embarazo “por confort”.

La modificación acerca de la noción de “desamparo” no ha sido la única acción del Gobierno para defender el derecho al aborto: también creó hace unos meses una página web, ante la proliferación de sitios que parecen presentar información objetiva destinada a mujeres que buscan abortar, pero son en realidad administrados por organizaciones anti-derechos que intentan asustar a las mujeres con el supuesto “síndrome post-aborto” y convencerlas de que sigan adelante con su embarazo.

Mujeres del MST crean nuevas relaciones de género dentro y fuera del movimiento

Kelli Maforto

Rebelión Desde la creación del MST, siempre estuvo presente el desafío de la participación y el envolvimiento de toda la familia en el proceso de lucha por la tierra: hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores y niños, son todas y todos protagonistas de su propia historia.

La participación de las mujeres posibilitó la organización de colectivos de auto–organización y discusión sobre su situación de opresión de clase y de género. El conjunto del Movimiento fue provocado a envolverse y eso creo las condiciones para el debate de cómo construir nuevas relaciones de género.

La construcción del Sector de Género y la participación de las Mujeres en el MST

En el I Congreso Nacional de MST, realizado en 1985, fueron aprobadas dentro las normas generales la organización de comisiones de mujeres dentro del MST para discutir problemas específicos, el estímulo la participación de las mujeres en todos los niveles de actuación, instancias de poder y representatividad, así como combatir forma de discriminación de las mujeres y la lucha contra el machismo.

Por medio de la organización de estas comisiones y colectivos de mujeres del MST, las lideranzas femeninas comenzaron a estudiar y debatir, el concepto de género a partir de mediados de la década de 1990.

La necesidad de involucrar a toda la organización en este debate culmina en la creación del Sector de Género en el Encuentro Nacional del MST en 2000. Este tendría la tarea de estimular el debate en las instancias y espacios de formación, para producir materiales, proponer actividades, acciones y luchas que contribuyen a la construcción de condiciones objetivas para la participación igualitaria de hombres y mujeres, el fortaleciendo el propio MST.

Varias líneas políticas se han elaborado a partir de esta definición, como por ejemplo la participación del 50% de las mujeres en todos los espacio del Movimiento, en las instancias, procesos de productivos, de formación y educación, en las movilizaciones, etc ; el debate de la guardería infantil, el debate de la inclusión del nombre de la mujer en los documentos tenencia y uso de la tierra en forma conjunta.

A pesar de que varios de estos objetivos siguen siendo un desafío permanente, la construcción del sector de género habilitado un nuevo significado de la lucha por la tierra, donde todas y todos se sienten sujetos participantes en un proceso de cambio.

Nuestra lucha es todos los días, somos mujeres, no mercancías!

Aparte de nuestra lucha cotidiana, tenemos dos veces en el año se organizan actividades de lucha contra el capital, la reforma agraria y contra todas las formas de violencia contra las mujeres: es el 8 de marzo - Día Internacional de la Mujer y 25 de noviembre - Día Mundial de Lucha contra la Violencia contra la Mujer.

Este año no será diferente. Es por eso que estamos cantando en nuestras asambleas y haciendo eco del grito de nuestro VI Congreso: Pueden tener copa y elecciones, las mujeres en lucha seguirán!

*Kelli Maforto – Coordinación Nacional del MST y del do Sector de Género del Movimiento.