QUEREMOS COMPARTIR ESTA ENTREVISTA REALIZADA A BERTA CÁCERES POR PIKARA MAGAZINE
Berta Cáceres es una de las lideresas y defensoras de derechos humanos
que despierta mayor respeto entre la resistencia hondureña en un
contexto de los más altos niveles de represión, asesinatos a periodistas
y femicidios de la región. En la semana de las elecciones
presidenciales, a fines de noviembre de 2013, la activista ofreció su
mirada sobre un país que vive un golpe de Estado virtual desde 2009 y
cuyas últimas votaciones presidenciales aún siguen bajo sospecha de
fraude.
Florencia Goldsman /Pikara Magazine
En un lugar sin ubicación precisa y a la sombra de la luna Berta
Cáceres señala: “Venimos de una lucha que se ha definido como una
disputa anticapitalista contra todo lo que significa el capitalismo
depredador. Damos un paso más que es abrir un debate para empujar un
proceso antipatriarcal y descolonizador”. “La comunidad lenca ha sido
marginada históricamente pero también venimos de un pueblo que ha sido
muy rebelde desde la época de la invasión a causa de la discriminación”,
recuerda.
Berta Cáceres es una de las lideresas más combativas de la
resistencia desde el golpe de Estado en Honduras, ocurrido en junio de
2009 y apoyado por los Estados Unidos, representante del Consejo Cívico
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). “Hasta
antes del surgimiento del COPINH muchas de las prácticas espirituales
del pueblo lenca, como la compostura de la tierra, estaban prohibidas.
La población indígena las hacía a escondidas, de noche. Después del
surgimiento de nuestra organización empieza un resurgimiento de estas
prácticas en la luz del día y públicamente. Eso para nosotros es un
logro muy importante”.
El ataque cuando una persona es dirigente no es lo mismo cuando es hombre que cuando es mujer
Su relato, sin embargo, se despliega en una noche luminosa pero
sellada. Las periodistas del Observatorio de Derechos Humanos y
Resistencias que entrevistamos a la lideresa no pudimos brindar su
ubicación exacta ni difundir el momento de la entrevista, ya que sobre
ella pesan dos importantes causas judiciales por parte del Estado
hondureño y de una empresa extractiva multinacional (por esta última a
mediados del mes de enero Cáceres y sus compañeros del COPINH obtuvieron
el sobreseimiento provisional, a raíz de la presión de la comunidad
internacional y de la población lenca en Honduras). También ha sufrido
amenazas de muerte realzadas por agravios sexuales a causa de ser una
mujer activista. Cáceres relató su búsqueda de justicia en una Honduras
que asesina a las voces disidentes.
Mientras los informes oficiales de la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Unión Europea aplaudían las elecciones de ese país
del último 25 de noviembre, considerándolas justas y “transparentes”,
muchos ciudadanos y ciudadanas aún están lejos de considerar el proceso
como noble. Los derechos sobre la tierra fueron una de las principales
problemáticas en la agenda electoral que el próximo presidente, Juan
Orlando Hernández, deberá defender (o entregar) ante la voracidad de las
empresas trasnacionales y las corporaciones extractivas que avanzan
sobre la región.
La problemática remite al desempeño del presidente Porfirio Lobo,
electo en condiciones de dudosa institucionalidad, quien vetó poco
tiempo después del golpe un paquete de leyes que abrió el camino a la
privatización de ríos y habilitó las concesiones para el inicio de más
de cuarenta proyectos hidroeléctricos, muchos de los cuales amenazan la
vida cotidiana de comunidades rurales e indígenas.
Cáceres se presenta como parte de una lucha que se remonta a la
tradición familiar y al trabajo en organismos de derechos humanos y
comités en la Centroamérica encendida y riesgosa de los años 80. “De esa
lucha vengo junto con las compañeras indígenas. Con una presencia de
mujeres muy fuerte ligada a la lucha por la tierra, por la salud, por
las medicinas naturales y por enfrentar la represión patriarcal, la
violencia.
Más toda la historia del COPINH que son más de veinte años una
organización mixta en la lucha por los derechos del pueblo lenca, por
mejorar sus condiciones de vida. Luego va ampliando su alcance social
indígena en relación con la defensa del territorio, de la cultura, de la
espiritualidad, de los derechos de las mujeres”, explica.
¿Qué rol toma el COPINH en el contexto posgolpe?
El COPINH se ha visto en luchas muy fuertes que van desde la
expulsión de empresas madereras a la exigencia de títulos comunitarios
para el pueblo lenca: enfrentar más de quince proyectos hidroeléctricos
que privatizan los ríos, la ratificación del Convenio 169 de la Oficina
Regional para América Latina y el Caribe (OIT) sobre derechos de pueblos
indígenas lograda tras una concentración histórica en el congreso
nacional.
También lucha por las necesidades básicas de las comunidades:
educación, salud. Empujamos todo un proceso con las poblaciones indígena
y negra en varios esfuerzos en la defensa del agua, y siempre tuvimos
cercanía con movimientos de mujeres y feministas. También impulsamos
desde antes del golpe de Estado un proceso refundacional demandando una
reforma constitucional originaria, pluricultural, diversa, incluyente,
democratizadora. Pensamos la soberanía desde otras lógicas, no desde las
lógicas imperialistas o neoliberales de ocupación militar en Honduras
como la estamos padeciendo hoy.
¿Cómo se explican las acusaciones del Gobierno que pesan sobre tu persona?
Como parte de la lucha que hemos dado desde el COPINH por más de
veinte años, se produce en la parte norte del departamento de Intibucá
un levantamiento por la defensa del río Gualcarque, que es territorio
ancestral. El 1 de abril de 2013 la población indígena de esa zona
decide hacer ejercicio de su derecho a la autonomía y de su control
territorial ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este
proyecto que se presenta como hondureño, bajo el paraguas de la empresa
DESA, a su vez ha contratado a la trasnacional estatal china Synohidro,
la más grande del mundo en construcción de represas, y también a la
alemana Voith Hidro, apoyadas con fondos del Banco Mundial a través de
la corporación financiera internacional, fondos en préstamo que el
pueblo hondureño tiene que pagar. Esto tiene que ver con un caso típico
de agresión trasnacional, de ocupación, de invasión y usurpación que
empieza a instalar en el territorio la ocupación militar. El plantel de
DESA es una base militar de una operación combinada que han llamado
‘Operación Libertad’. Está el Ejército, la policía, guardias privados,
hay agentes de seguridad de inteligencia de la policía, hay sicarios.
Han ocupado las comunidades, hostigan, han reprimido, la comunidad ha
resistido siete desalojos, con una orden judicial para eso, y toda esa
lucha ha implicado que se nos acuse de varias cosas, y varios montajes
peligrosos.
¿A qué te refieres con montaje?
Me refiero a que cuando me desplazaba en el carro del COPINH con otro
compañero el último 24 de mayo, fuimos interceptados por dos retenes
del Ejército y ahí se hizo el montaje en el que, según ellos, apareció
un arma en posesión de la organización. Entonces se me acusa de posesión
ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interna del Estado de
Honduras. Es ridículo, ¿verdad? Al mismo tiempo demuestra la intención
del Ejército y del Gobierno de acusarnos y criminalizarnos. En la
primera acusación hasta ahora en ese caso no se ha probado absolutamente
nada.
¿En qué estado se encuentra este proceso?
Nos alarma que no se ha hecho si quiera un peritaje, aunque lo hemos
pedido formalmente en la fiscalía y el juzgado nunca han querido
hacerlo, así como tampoco hay un acta de registro del vehículo. A mí no
me detuvieron los policías si no el Ejército. La policía llegó hasta una
hora después y presencié la discusión entre oficiales de policía y del
Ejército por si yo podía seguir camino hacia donde tenía una reunión en
Río Blanco [al norte del país], pero la orden de ‘arriba’ era llevarme
detenida. Ha habido conjeturas peligrosas también sobre esto:
presentarnos como una organización violenta que anda armada y, por
supuesto, un ensañamiento por ser mujer. Incluso se ha acusado a uno de
los compañeros que más cerca está de mí de que él me puso el arma en una
campaña de desprestigio. Es una campaña muy perversa. En este país ser
luchadora es muy peligroso. Esta acusación viene por parte de la
Procuraduría Pública y el Ministerio Público.
¿De qué se trata la otra acusación?
En la otra acusación que nos presenta la empresa DESA estoy junto a
los compañeros Aureliano Molina y Tomás Gómez, acusada de usurpación,
coacción y daños continuados. La empresa nos acusa de que en tres meses
perdieron más de tres millones de dólares. Ahí se demuestra en esas
audiencias algo histórico que en La Esperanza [cabecera del departamento
de Intibucá] nunca se había visto: una audiencia inicial de dos días
completos, y toda una instancia judicial departamental dedicada sólo a
eso. Las acusaciones sólo para señalar la carga de desprecio y
discriminación. Los argumentos que dan los testigos, el jefe de
seguridad y los ingenieros de la empresa son controvertidos. Por ejemplo
nos acusan de que incitamos la agresión y la prueba es que “en las
manifestaciones por la defensa del territorio hay mantas con el nombre
de la organización”.
En Honduras se va a imponer con fuerza una dictadura trasnacional
Otra prueba presentada por ellos es que gritamos consignas como “los
ríos no se venden, los ríos se cuidan y se defienden” y que eso es
incitar a la violencia. La otra apunta a que “los indígenas no saben
pensar, que necesitan de alguien que les esté diciendo”. Entonces
aparece el racismo. Cuando las compañeras indígenas fueron a dar
testimonio a nuestro favor, y relataban la importancia espiritual del
río, que en el río Gualcarque viven espíritus y esos espíritus son
niñas, y que las empresas agreden a los espíritus, ahí pudimos ver cómo
ellos se reían y despreciaban con gran racismo la situación.
¿Hallas una mayor intencionalidad por ser una mujer liderando un movimiento?
Sí. El ataque cuando una persona es dirigente no es lo mismo cuando
es hombre que cuando es mujer. Primero en la historia del COPINH hay un
fraccionamiento interno y un grupo de compañeros se deslindan y
comienzan por enfocar la agresión en que es una mujer la que está
conduciendo el movimiento. La violencia aumenta porque es una mujer la
que está conduciendo el proceso contra las trasnacionales en río Blanco
[que fluye hacia el norte y desemboca sus aguas en el Golfo del Caribe],
porque es una mujer la que logra sacar a la trasnacional Syno Hidro, la
más grande del mundo en construcción de represas. Es algo mayúsculo,
hecho con las comunidades y en una organización dirigida por mujeres
sobre todo. He recibido, claro, muchos mensajes con contenido de
hostigamiento sexual por parte del jefe de seguridad de DESA.
¿Qué implica la victoria electoral del candidato del Partido Nacional Juan Orlando Hernández?
Lo mismo que demuestra con cada acto [desde 2010 es presidente del
Congreso Nacional de Honduras] como la aprobación de la ley de minería,
la ley de inteligencia, la ley de intervención pública/privada, la
policía militar, o sea más represión, hay más bases militares gringas en
este país. Tanta violencia política, significa el incremento de toda
esta situación de violaciones de derechos humanos individuales y
colectivos y la entrega mayor de este país a las empresas
trasnacionales. O sea: aquí se va a imponer con fuerza una dictadura
trasnacional. Por eso fue que dieron el golpe de Estado, porque no van a
renunciar a los privilegios que tienen ni van a ceder ese poder. Por
eso decimos: el golpe es un proyecto de dominación mayor. Su victoria se
traduce en más agresión a los derechos sexuales y reproductivos, a
nuestras libertades como seres humanos, como actoras políticas,
sociales, culturales. Hay que recordar que ellos le apuestan a la
militarización y ésta significa más violencia, más agresión y
denigración a la vida de las mujeres. En términos económicos equivale a
más explotación, porque ellos no están dispuestos a aceptar los desafíos
con las trasnacionales que en Honduras significa el trabajo en las
maquilas, que es trabajo en situación de esclavitud. Para las mujeres
entonces hay más fundamentalismo, más imposición de esa cultura
patriarcal y golpista.
Antes hablabas de los espíritus femeninos del río… ¿nos podrías contar más?
El río Gualcar, que cruza la cordillera de Puca Opalaca, una
cordillera muy importante en la parte alta de Intibucá, tanto desde el
punto de vista histórico como cultural, así como por su biodiversidad.
Pero también tiene una importancia para la rebeldía del pueblo lenca,
una importancia increíble para la producción de agua, la riqueza hídrica
que hay de minerales, de plantas medicinales… Esta cordillera tiene una
relación fuerte con la población lenca, hay bosques vivos, montañas
vivas. Este es un río vivo que está amenazado por la construcción de
seis represas, incluyendo cinco en San Francisco de Opalaca, que está
cruzado por la cordillera, y en ningún lugar se ha permitido la
construcción de represas [sin respetar la soberanía y decisión del
pueblo indígena, el Gobierno dio luz verde a las empresas]. Desde la
cosmovisión del pueblo lenca el agua es un elemento fundamental, así
como la tierra es parte del equilibrio y la creación, así como en el
agua viven los espíritus. Por eso el agua hay que cuidarla y respetarla
como un ser igual a nosotras. Eso explica que una comunidad tenga tanta
fuerza para defender un río. Y estos espíritus son, desde la cosmovisión
del pueblo lenca, niñas que viven en el río.
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